Un total de 69 personas murieron y 57 resultaron heridas tras el accidente de un avión militar ocurrido el 23 de marzo de 2026 en inmediaciones de Puerto Leguízamo, Putumayo. La aeronave, un Hércules C-130 con matrícula FAC 1016, transportaba a 126 ocupantes, entre ellos personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
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Según la información oficial consolidada, en el avión viajaban 11 tripulantes, 113 militares del Ejército y dos integrantes de la Policía. Tras el siniestro, los heridos fueron evacuados y trasladados a distintos centros hospitalarios, donde permanecen bajo atención médica especializada.
Las autoridades indicaron que los procedimientos de identificación de las víctimas se adelantan en coordinación con Medicina Legal en Bogotá, donde se llevan a cabo los actos urgentes correspondientes.
De manera paralela, se dispusieron equipos para brindar acompañamiento psicológico, social y administrativo a los familiares de las personas fallecidas y heridas.
El accidente, considerado uno de los más graves en la aviación militar reciente del país, continúa bajo investigación para establecer sus causas.
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La Secretaría del Interior del Tolima reportó ante la Asamblea Departamental una inversión cercana a los $10.000 millones durante 2025, destinada a programas sociales, bienestar animal y atención a poblaciones vulnerables en distintos municipios del departamento, en medio de un balance que expone alcances y retos en la ejecución de estos recursos.
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El informe fue presentado por el secretario del Interior, Ricardo Suárez, quien detalló la distribución del presupuesto en iniciativas dirigidas a víctimas del conflicto, personas en proceso de reincorporación, organizaciones comunales, veteranos de la Fuerza Pública y comunidades religiosas.
“Con un presupuesto cercano a los $10 mil millones hemos desarrollado programas y proyectos dirigidos a las diversas poblaciones que atendemos desde los sectores sociales”, afirmó el funcionario durante su intervención ante la Asamblea.
Uno de los componentes centrales del balance corresponde al programa de bienestar animal, a través del cual se implementaron jornadas de atención para animales en condición de calle. Según el reporte oficial, 1.682 perros y gatos fueron atendidos mediante una unidad móvil veterinaria que operó en municipios como El Líbano, El Espinal, Venadillo, Carmen de Apicalá, Ibagué, Dolores, Alpujarra, Falan, Herveo, Coello y Alvarado.
“El programa de bienestar animal ha permitido sensibilizar sobre los derechos de los animales y apoyar a perros y gatos en condición de calle en nuestros municipios”, señaló Suárez.
En el eje de derechos humanos, la Secretaría también informó sobre el acompañamiento a la Mesa Departamental de Víctimas. Como parte de estas acciones, algunos de sus integrantes participaron en un intercambio académico en la Universidad de Perugia, en Italia, donde presentaron proyectos productivos relacionados con café, cacao y caña panelera.
El funcionario indicó que estas iniciativas buscan fortalecer capacidades empresariales y generar conexiones con el sector académico y productivo internacional. “Estamos trabajando convencidos de la importancia de los derechos humanos”, añadió.
Pese a las cifras presentadas, el balance deja abierta la discusión sobre el impacto real de las inversiones en los territorios, especialmente en zonas rurales donde persisten necesidades estructurales en materia social y económica.
Para 2026, la Secretaría del Interior anunció que continuará con el fortalecimiento de juntas de acción comunal y procesos organizativos, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en el departamento.
El seguimiento a la ejecución de estos recursos y sus resultados en las comunidades será clave en los próximos meses, en un contexto donde la demanda por soluciones efectivas sigue en aumento.
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