Autoridades ambientales y de gestión del riesgo confirmaron este miércoles que un movimiento en masa en el cerro Pitayó, en zona rural de Villahermosa, redujo el cauce de la quebrada Guayabal y mantiene en riesgo a varias familias que habitan sectores cercanos. La emergencia, detectada desde el 4 de diciembre, llevó a la orden de evacuación preventiva debido a la posibilidad de una creciente súbita.
La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima informó que continúa el monitoreo permanente en el área afectada. Según la entidad, la inestabilidad del terreno persiste tras el deslizamiento que impactó directamente la quebrada Guayabal.
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Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, indicó que, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, “se realizaron varios sobrevuelos para evaluar el comportamiento del terreno y el alcance del deslizamiento”, señalando que el material desprendido “ha reducido el cauce y está siendo evacuado de manera natural por la quebrada”.
Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, recordó que “desde el pasado 4 de diciembre nuestro Centro de Monitoreo recibió el reporte de la avenida torrencial en la quebrada Guayabal, y desde ese momento trabajamos articuladamente con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres”. Añadió que el Puesto de Mando Unificado (PMU) sesiona diariamente en Villahermosa y que los sobrevuelos y vuelos con drones complementan la evaluación del terreno.
El reporte técnico más reciente advierte que existen construcciones en zonas altas próximas a la quebrada que pueden resultar afectadas si ocurre un incremento repentino del caudal. Ante esta situación, Lozano instó a las familias a evacuar: “Es fundamental acatar la instrucción de evacuación; la vida debe estar por encima de cualquier otro deseo”. La funcionaria precisó que el deslizamiento involucra cerca del 40% del cerro Pitayó, lo que exige mantener vigilancia continua sobre su estabilidad.
Mayorquín agregó que el gobierno departamental trabaja con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Servicio Geológico Colombiano en el seguimiento técnico del evento. “La emergencia no termina con las acciones iniciales; requiere una recuperación a mediano y largo plazo, y por eso mantenemos presencia institucional y coordinación constante”, afirmó.
Tras el llamado del Gobierno Departamental, la Alcaldía de Villahermosa declaró la calamidad pública y avanza en los censos oficiales para activar los apoyos dirigidos a las familias que deberán evacuar. Según las autoridades, ya se coordinó con el Ministerio de Agricultura la atención de casos de familias que deben movilizar su ganado.
Las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y acatar las instrucciones de evacuación para reducir el riesgo ante posibles nuevas inestabilidades del cerro Pitayó.
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Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
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El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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