El Juzgado Tercero Especializado de Ibagué condenó a 10 años y siete meses de prisión a Gilberto Guejia Díaz, conocido como alias El Topo, integrante del grupo armado residual (GAO-r) frente Ismael Ruiz, por su participación en el atentado contra el teniente coronel Fernando Babativa y tres soldados del Ejército Nacional, ocurrido el 5 de octubre de 2023 en el centro poblado de Puerto Saldaña, municipio de Rioblanco, Tolima.
El ataque se perpetró cuando el oficial Babativa brindaba seguridad a la caravana en la que se desplazaban la entonces alcaldesa de Rioblanco y representantes de la Fundación Arturo Calle, hacia el corregimiento de La Herrera, donde se realizaría la entrega de estufas ecoeficientes y mejoramientos de vivienda a una comunidad indígena.
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En ese trayecto, los uniformados fueron emboscados por hombres armados que abrieron fuego con fusiles de largo alcance. Los militares respondieron al ataque y lograron neutralizar a alias El Topo, quien resultó herido. Durante el operativo, se le incautó un fusil y un revólver.
Las investigaciones establecieron que el ataque fue ordenado por alias Capotillo MDOM, cabecilla principal del frente Ismael Ruiz, y por alias Coco, entonces jefe de comisión y milicias del mismo grupo armado.
El fallo judicial se dio tras la aprobación del preacuerdo presentado por la Fiscalía 164 Especializada de la Dirección contra Organizaciones Criminales, que permitió dictar la sentencia condenatoria contra Guejia Díaz. Además de la pena de prisión, el condenado deberá pagar una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La decisión judicial marca un precedente en la lucha contra los ataques dirigidos a la Fuerza Pública en el sur del Tolima y evidencia el avance de las investigaciones contra los responsables de hechos de violencia en la región.
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Catorce familias de la comunidad indígena Emberá, entre ellas 22 niños, permanecen desde hace cerca de un mes en el CAM de La Pola, en Ibagué, viviendo en condiciones precarias mientras esperan una respuesta de las autoridades para retornar a su territorio ancestral en el departamento del Chocó.
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El asentamiento está conformado por cambuches improvisados y fogones de leña, sin condiciones adecuadas de abrigo ni permanencia. En el lugar permanecen mujeres, niños y adultos mayores expuestos a la intemperie, a la espera de una solución institucional que defina su situación.
Según la comunidad, su presencia en este punto de la ciudad responde a la ausencia de acciones concretas por parte de las entidades competentes, pese a las solicitudes realizadas durante varias semanas. La situación ha sido puesta en conocimiento de la administración municipal, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas.
Luis Ángel Pitucay, líder de la comunidad Emberá, aseguró que el objetivo principal es el retorno a su territorio de origen. “Estamos esperando que nos trasladen a nuestra tierra en el Chocó. Llevamos casi un mes aquí y no hemos tenido una respuesta clara”, afirmó.
Mientras tanto, las familias continúan en el lugar sin una ruta definida que garantice condiciones dignas ni una fecha concreta para su traslado. La permanencia prolongada en este espacio ha generado preocupación por el bienestar de los menores y de los adultos mayores que integran el grupo.
Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades locales y de la Secretaría de Desarrollo Social para conocer qué medidas se adoptarán frente a esta situación y cuál será el procedimiento para el retorno de las familias Emberá a su territorio ancestral.
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