Un hombre identificado como alias “Téllez”, de 30 años, fue capturado en el norte de Ibagué tras intentar escapar de un operativo policial lanzándose a las aguas residuales de la quebrada La Chuquía, luego de ser sorprendido con cerca de 500 gramos de marihuana, en un procedimiento realizado en el barrio Jardín Buenaventura.
El hecho ocurrió durante un operativo contra el tráfico de estupefacientes desarrollado por uniformados de la Fuerza Disponible de la Policía Nacional en Ibagué, quienes adelantaban labores de control en esta zona del norte de la ciudad.
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Comunicado a la Opinión Pública
Según la información oficial, el individuo fue sorprendido en flagrancia portando aproximadamente 500 gramos de marihuana, sustancia que, de acuerdo con las autoridades, estaría destinada para su comercialización. Al notar la presencia policial, el hombre intentó evadir el procedimiento huyendo a pie y arrojándose a la quebrada La Chuquía, cuyas aguas corresponden a un afluente de aguas residuales.
La persecución continuó pese a las condiciones del terreno y del afluente, logrando la captura del sospechoso metros más adelante. Durante el procedimiento, la sustancia fue incautada por las autoridades.
Registros judiciales indican que alias “Téllez” cuenta con dos anotaciones previas por el delito de tráfico de estupefacientes. Tras su captura, fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Sobre el caso, el coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, señaló: “Nuestros uniformados continuaron la persecución incluso en condiciones adversas, como las del afluente, para lograr la captura de este presunto expendedor”.
Las autoridades informaron que los operativos contra el tráfico de estupefacientes continuarán en distintos sectores de la ciudad.
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Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
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El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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