Capturan a señalado de torturar y asesinar a padre e hijo
Un juez de control de garantías envió a prisión a José Álvaro Riascos Hernández, señalado de participar en el asesinato de un padre y su hijo ocurrido el 21 de octubre de 2025 en una cabaña ubicada en zona rural de Prado, Tolima. La decisión se produjo tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que lo vincula con los delitos de homicidio agravado y tortura.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Según la investigación, las víctimas llegaron en una lancha hasta una cabaña donde presuntamente fueron interceptadas por varios hombres. El primero en ingresar al lugar fue un hombre de 62 años, quien habría sido atacado con armas blancas y elementos cortocontundentes por tres personas, entre ellas Riascos Hernández. Posteriormente, su cuerpo habría sido arrojado a un caño dentro del mismo predio.
La investigación señala que minutos después el hijo, de 26 años, fue obligado a descender de la embarcación en la que había llegado al lugar. De acuerdo con la Fiscalía, fue llevado por la fuerza hasta la cabaña, donde habría sido amarrado y sometido a torturas que finalmente le causaron la muerte.
Las labores investigativas permitieron establecer que los presuntos responsables habrían llegado a la cabaña un día antes de los hechos. La hipótesis de las autoridades apunta a que el crimen estaría relacionado con un conflicto surgido por la venta de un motor que, al parecer, presentaba fallas.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a José Álvaro Riascos Hernández los delitos de homicidio agravado y tortura. El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
Este caso ya había dejado una primera captura. Jhon Alexander Quintero Viveros fue judicializado previamente por los mismos hechos y actualmente permanece privado de la libertad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si existen más personas involucradas en el doble homicidio.
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Fiscalía imputa a alcaldesa de ibagué por contrato de alimentos para animales del CAPA
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda Rivera, así como a cuatro personas más, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para el suministro de alimentos destinados a perros y gatos del Centro de Protección Animal de la ciudad. Los hechos investigados se remontan a junio de 2024 y estarían relacionados con posibles direccionamientos, sobrecostos y el incumplimiento de requisitos legales durante el proceso contractual.
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Junto a la mandataria fueron imputados Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, la empresa que recibió la adjudicación del contrato no tendría experiencia en el suministro de alimentos para perros y gatos. Además, según la Fiscalía, el proceso no habría garantizado la pluralidad de oferentes requerida en este tipo de contrataciones.
El ente acusador sostiene que la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno, Edward Amaya Márquez, y presuntamente impartido instrucciones para que el contrato fuera adjudicado a una empresa que prestaba servicios de aseo para la Alcaldía y varias instituciones educativas de la ciudad.
La Fiscalía también señaló que algunos de los funcionarios involucrados habrían avanzado en la celebración del contrato pese a conocer que la empresa seleccionada no guardaba relación con el objeto contractual. Asimismo, indicó que presuntamente se elaboraron estudios económicos con valores alejados de los precios del mercado y que las cotizaciones fueron solicitadas únicamente a dos contratistas, cuyos representantes legales tendrían vínculos familiares.
Respecto al contratista Ernesto Alfonso Quiroga, la investigación señala que habría permitido el direccionamiento del proceso contractual en su favor y obtenido presuntamente 34.991.000 pesos derivados de sobrecostos.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó, según la presunta participación individual de cada procesado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Durante las audiencias, ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por el ente investigador.
El proceso continuará en las próximas etapas judiciales, donde la Fiscalía deberá sustentar los elementos probatorios que respaldan las acusaciones y los imputados tendrán la oportunidad de ejercer su defensa.
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