Capturan a “Triple 7” tras asalto con machete
Un hombre de 21 años, conocido como alias “Triple 7”, fue capturado en flagrancia tras presuntamente cometer un hurto con arma cortopunzante contra un joven de 18 años en inmediaciones de la Terminal de Transportes de Ibagué. El hecho ocurrió cuando el señalado intimidó a la víctima para despojarla de su teléfono celular y luego intentó huir.
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De acuerdo con la información oficial, el sospechoso fue interceptado en la glorieta de Las Palmas minutos después del asalto, gracias a la reacción de unidades policiales y a la descripción entregada por la víctima. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron en su poder el celular hurtado y un arma tipo machete, que habría sido utilizada para cometer el delito.
El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y agravado. Según registros judiciales, el individuo tenía tres anotaciones previas: una por inasistencia alimentaria y dos por hurto calificado y agravado.
Tras la audiencia, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
“Continuaremos adelantando acciones para contrarrestar el hurto en todas sus modalidades”, señaló el mayor Álvaro Zamudio Hernández, comandante encargado de la Estación de Policía Sur.
El caso se suma a otros episodios recientes de hurto en zonas cercanas a puntos de alto flujo de pasajeros, lo que mantiene la atención sobre la seguridad en estos sectores de la ciudad.
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Alerta por nuevas tácticas de disidencias en Tolima
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció este lunes que grupos disidentes estarían ejerciendo mecanismos de control sobre comunidades de varios municipios del departamento mediante citaciones y procesos de carnetización de ciudadanos. La situación, según indicó, se concentra principalmente en zonas del sur, suroriente y oriente del Tolima, en medio de la preparación para la segunda vuelta presidencial.
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Durante una declaración pública, la mandataria aseguró que este fenómeno viene siendo reportado desde 2024 y lo calificó como una transformación en las formas de violencia ejercidas por estructuras ilegales.
“Venimos denunciando desde el año 2024 que se está realizando carnetización. Hoy existe una mutación de la violencia. Ya no se presentan enfrentamientos directos entre la Fuerza Pública y las disidencias, sino una coerción social sobre las comunidades”, afirmó.
Según explicó, estas prácticas incluyen convocatorias obligatorias y procesos de identificación promovidos por grupos armados ilegales, acciones que, a su juicio, buscan generar presión e intimidación sobre la población civil sin recurrir necesariamente a confrontaciones armadas visibles.
La gobernadora señaló que varias de estas situaciones han sido reportadas por habitantes de diferentes municipios y anunció que los casos serán expuestos ante la Mesa de Seguimiento Electoral convocada para este martes.
“Realizan citaciones y carnetización a las personas de la comunidad. No es un hecho aislado. Son denuncias que nos han llegado desde distintos puntos del departamento y que deben ser revisadas en el contexto del proceso electoral que se aproxima”, sostuvo.
Matiz indicó que estas dinámicas se estarían presentando especialmente en municipios ubicados en el sur, suroriente y oriente del Tolima, regiones donde históricamente han existido preocupaciones por la presencia de grupos armados ilegales.
La mandataria también aseguró que las estructuras ilegales han modificado sus formas de operación territorial. Según dijo, ya no se observan grandes concentraciones de integrantes armados ejerciendo control en determinadas zonas, sino grupos más reducidos que mantienen presencia y vigilancia sobre corredores y comunidades específicas.
Ante el escenario electoral de las próximas semanas, la Gobernación anunció que expondrá estas denuncias ante las autoridades competentes con el fin de evaluar medidas que permitan garantizar el ejercicio libre del voto y la seguridad de los ciudadanos durante la jornada democrática.
Las denuncias sobre carnetización y presuntas acciones de coerción social se suman a las alertas que han surgido en distintas regiones del país sobre posibles riesgos para el desarrollo de actividades políticas y electorales en territorios con presencia de estructuras armadas ilegales.
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