La Fiscalía General de la Nación de Colombia y autoridades judiciales de Albania constituyeron dos Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) para indagar redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual. La decisión, formalizada este 16 de abril de 2026, busca intervenir estructuras criminales que operan entre Colombia, Europa y otros países, mediante la captación de mujeres en condición de vulnerabilidad, su traslado y explotación en territorio europeo.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los dos Equipos Conjuntos de Investigación tendrán como eje la identificación, judicialización y desarticulación de organizaciones delictivas integradas por ciudadanos colombianos y extranjeros. Estas redes estarían implicadas en la captación de víctimas en Colombia, su traslado hacia Europa y su posterior explotación sexual en Albania y otros países de la región.
De acuerdo con la información oficial, las estructuras criminales operarían bajo una cadena de roles que incluye reclutamiento, transporte, control de las víctimas y oferta de servicios sexuales en destinos internacionales. Las autoridades indicaron que el objetivo de los ECI es actuar de manera coordinada para intervenir cada eslabón de la red.
El alcance de los acuerdos también contempla la identificación de flujos financieros derivados de estas actividades ilícitas. En ese sentido, se establecieron líneas de acción en materia de lavado de activos y extinción del derecho de dominio, con el fin de afectar el patrimonio acumulado por estas organizaciones en Colombia y el exterior.
El esquema de cooperación fue estructurado con apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), el programa EL PACCTO 2.0 a través de su canal ECI+, y el Proyecto de Justicia Penal en los Balcanes Occidentales.
Según las autoridades, esta es la primera vez que Colombia y Albania conforman Equipos Conjuntos de Investigación, lo que marca un mecanismo bilateral orientado a fortalecer las capacidades frente a la criminalidad organizada transnacional con presencia en América Latina y Europa.
Las investigaciones continuarán de forma coordinada entre ambas jurisdicciones para avanzar en la identificación de responsables y la afectación de las estructuras financieras vinculadas a estas redes.
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La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1474 de 2025 de emergencia económica que modificaba el manejo de rentas departamentales, especialmente recursos provenientes de licores y cigarrillos. La decisión se conoció tras las declaraciones de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, durante la instalación de Exponuevamente 2026 en Ibagué, donde se refirió al impacto del decreto en la autonomía fiscal de los territorios.
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El alto tribunal colombiano dejó sin efecto el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica, el cual contemplaba cambios en la administración de recursos generados por rentas departamentales.
Durante la instalación del evento Exponuevamente 2026, en Ibagué, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió al alcance de la medida y a la decisión posterior de la Corte Constitucional.
Según indicó, la aplicación del decreto había generado inquietud por el posible impacto en los ingresos regionales. “Tuvimos una gran preocupación porque cuando se expidió el decreto 1474 del año 2025… nos iban a coger los recursos que nosotros generábamos por las rentas, por la venta de cigarrillos y licores”, señaló.
Tras conocerse la decisión judicial, Matiz expresó su posición frente al fallo. “Celebro la decisión que tomó la Corte Constitucional de declarar la inexequibilidad del decreto 1474 del año 2025, que cogía esos recursos de los departamentos”, afirmó.
En su intervención, agregó que el fallo ratifica límites en el uso de mecanismos de emergencia para modificar estructuras tributarias. “No se puede realizar modificaciones a las rentas que tienen los departamentos, no se pueden hacer reformas tributarias estructurales a través de un decreto”, indicó.
La gobernadora también señaló que las rentas de licores y cigarrillos permanecen bajo administración de los departamentos, en el marco de la autonomía territorial.
Como parte de las implicaciones mencionadas, se indicó que la decisión permite mantener la planificación de inversiones regionales, entre ellas programas de salud mental proyectados para el año 2026 con recursos departamentales.
La decisión de la Corte Constitucional deja sin efectos el decreto y mantiene el esquema actual de manejo de rentas departamentales mientras se definen eventuales ajustes normativos.
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