Contraloría amplía lupa sobre el acueducto complementario de Ibagué
La Contraloría General de la República anunció la ampliación de la investigación fiscal sobre el acueducto complementario de Ibagué, un proyecto que supera los 250.000 millones de pesos, tras denuncias por presuntas irregularidades en su planeación, contratación y ejecución, y que hasta ahora no ha entrado en operación pese a la inversión realizada.
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El ente de control confirmó que la auditoría abarcará la totalidad de los contratos asociados al proyecto, incluyendo diseños, pagos, cronogramas, ejecución de obras y cumplimiento de obligaciones contractuales. La revisión no se hará por muestreo, sino de forma integral, con el fin de establecer si hubo fallas estructurales en el manejo de los recursos públicos.
“El alcance de la investigación incluye todos los componentes del proyecto y no se limitará a aspectos puntuales”, señaló la Contraloría al confirmar la ampliación del proceso. El objetivo es determinar posibles responsabilidades fiscales derivadas de las denuncias recibidas y del estado actual de la obra.
El acueducto complementario fue concebido como una solución para reforzar el suministro de agua en la ciudad. Sin embargo, el proyecto permanece sin prestar el servicio previsto, lo que ha generado cuestionamientos sobre su viabilidad, los retrasos acumulados y la eficacia de las decisiones técnicas y financieras adoptadas durante su desarrollo.
Aunque las primeras alertas surgieron desde sectores políticos, la investigación avanza ahora bajo la dirección directa del organismo de control fiscal. La Contraloría busca esclarecer si las presuntas irregularidades impactaron de manera determinante el resultado final del proyecto y el destino de los recursos invertidos.
La entidad anunció que en los próximos días se darán a conocer avances oficiales de la investigación, en un proceso que podría derivar en determinación de responsabilidades y nuevas actuaciones fiscales.
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Decreto limita publicidad política en el espacio público de Ibagué
La ciudad de Ibagué contará con nuevas reglas para la instalación de publicidad política durante el periodo electoral, tras la expedición del Decreto 0726 de 2025, que establece restricciones, prohibiciones y sanciones para quienes utilicen el espacio público con fines de campaña.
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La norma regula la forma en que partidos, movimientos políticos, candidatos y promotores de campañas pueden difundir propaganda electoral en la ciudad. El decreto define qué tipo de publicidad está permitida, los lugares habilitados para su instalación y los espacios donde queda prohibida.
Entre las zonas restringidas se encuentran áreas ambientales, bienes de interés cultural, infraestructura pública, señales de tránsito, puentes, postes, árboles y demás elementos que conforman el espacio público. El documento señala que estas limitaciones buscan evitar afectaciones al entorno urbano y al uso colectivo de la ciudad.
El decreto también exige autorización previa para la instalación de cualquier elemento de publicidad política y fija criterios obligatorios relacionados con tamaño, ubicación y tiempo de permanencia.
Además, establece que los responsables de la propaganda electoral deberán retirar los elementos instalados una vez finalice el periodo autorizado. El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones y en el retiro inmediato de la publicidad que no cumpla con la reglamentación.
Las disposiciones ya están vigentes y aplican para toda la ciudad durante el periodo electoral, por lo que la ciudadanía y los actores políticos deberán tener en cuenta estas restricciones al momento de difundir mensajes de campaña en el espacio público.
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