Tres armas traumáticas y una pistola calibre 9 milímetros fueron incautadas por la Policía Metropolitana de Ibagué durante tres procedimientos de control realizados en los barrios Nueva Castilla, Nacional y San Sebastián, en el marco de labores de patrullaje, registro y verificación de personas. Los operativos se realizaron para evitar el porte irregular de estos elementos y atender reportes de la comunidad.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los primeros dos procedimientos tuvieron lugar en el barrio Nueva Castilla. Uniformados de la Zona de Atención Policial 16, adscritos al CAI Jardín, realizaron un registro a dos personas que, según el reporte policial, mostraron una actitud nerviosa al notar la presencia de los agentes. A cada una le fue encontrada un arma traumática calibre 9 milímetros, con sus respectivos proveedores y cartuchos.
En ambos casos, las armas fueron incautadas debido a que los portadores no contaban con los permisos requeridos, de acuerdo con el artículo 85, literal C, del Decreto 2535 de 1993.
El tercer procedimiento ocurrió hacia las 8:10 de la noche en la calle 37 con avenida Ferrocarril, en el barrio Nacional. La Policía acudió tras un aviso de la comunidad sobre una persona que presuntamente llevaba un arma. En el lugar fue ubicado un hombre de 31 años que, según las autoridades, intentó evadir el control.
Durante el registro le encontraron en la pretina del pantalón un arma traumática tipo pistola, marca Blow, calibre 9 milímetros, con un proveedor y tres cartuchos. El elemento fue incautado bajo la misma disposición del Decreto 2535.
El último caso se presentó en el barrio San Sebastián, donde uniformados de la Zona de Atención Policial 12 del CAI Salado adelantaban controles a personas y vehículos. Allí fue incautada una pistola marca Córdova Compacta, calibre 9 milímetros, junto con un proveedor y ocho cartuchos.
Según el reporte, el procedimiento se produjo debido a que la persona que portaba el arma se encontraba, al parecer, en notorio estado de embriaguez. La incautación se efectuó con base en el artículo 85, literal B, del Decreto 2535 de 1993.
En total, los tres procedimientos dejaron cuatro armas incautadas, cuatro proveedores y 19 cartuchos calibre 9 milímetros. De acuerdo con la Policía, los elementos tendrían un valor superior a $12 millones.
El mayor Luis Carlos Flórez Quintero, jefe del Centro de Información Estratégico Policial Seccional de la Policía Metropolitana de Ibagué, señaló que los controles continuarán en diferentes sectores de la ciudad.
“Continuaremos intensificando estos controles para evitar que armas de fuego y armas traumáticas sean utilizadas en hechos que pongan en riesgo la seguridad y la convivencia ciudadana”.
Las autoridades también hicieron un llamado a reportar oportunamente situaciones relacionadas con el porte o uso de armas, información que, según indicaron, permite orientar los procedimientos de prevención y control en la ciudad.
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Corrupción electoral. La justicia ordenó la detención preventiva de William Escobar López, mientras la Gobernación del Tolima podría intervenir en la designación de su reemplazo temporal.
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El alcalde de Cunday, William Escobar López, deberá enfrentar su proceso judicial bajo una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, luego de que un juez de control de garantías acogiera la solicitud de la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué por presuntos hechos de corrupción electoral. La decisión, conocida el miércoles 28 de octubre, también abrió la posibilidad de un relevo temporal en la administración municipal.
La determinación se produjo tras la evaluación de los elementos presentados por el ente acusador, que sustentó la necesidad de imponer una medida privativa de la libertad al mandatario. El proceso está relacionado con presuntas irregularidades electorales que son objeto de investigación y cuya responsabilidad penal aún no ha sido establecida.
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La situación judicial del alcalde también puso sobre la mesa el futuro inmediato del gobierno municipal. Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se notificara a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, para adelantar las actuaciones correspondientes frente a una eventual designación temporal que permita mantener el funcionamiento de la administración de Cunday.
Por su parte, la defensa de Escobar López intentó evitar que se mantuviera la medida de reclusión, argumentando, entre otras circunstancias, la proximidad de las festividades tradicionales del municipio. Sin embargo, el juez mantuvo su determinación y los abogados del mandatario interpusieron un recurso de apelación para que un superior judicial revise lo resuelto.
La orden se conoce precisamente durante la temporada de ferias y fiestas de Cunday, circunstancia que coincide con un escenario de incertidumbre sobre quién asumirá las funciones del despacho municipal mientras se define la situación del alcalde.
Pese a la gravedad de la medida, Escobar López no ha sido condenado. La decisión corresponde a una detención preventiva y no constituye una sentencia que determine su culpabilidad. En consecuencia, conserva la presunción de inocencia y el derecho a controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso penal.
La apelación presentada por su defensa no suspende por sí sola el cumplimiento de la medida. Será el juez de segunda instancia quien determine si confirma, modifica o revoca la decisión que ordenó su reclusión.
Mientras avanza ese trámite, la atención se concentra tanto en el futuro judicial de William Escobar López como en las actuaciones que correspondan a la Gobernación del Tolima para resolver una eventual ausencia temporal del mandatario y garantizar la continuidad administrativa del municipio.
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