Dos asegurados por homicidios ocurridos en Ibagué y Melgar
Dos hombres fueron enviados a un centro carcelario por decisión de jueces de control de garantías, luego de que la Fiscalía General de la Nación los señalara como presuntos responsables de dos homicidios ocurridos en Ibagué y Melgar, en hechos registrados entre diciembre de 2024 y agosto de 2025.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Uno de los casos corresponde a Jhon Jairo Jaramillo Quintero, quien es investigado por la muerte de un hombre ocurrida el 24 de diciembre de 2024, en una vía pública del barrio El Refugio, en Ibagué.
Según la investigación, Jaramillo Quintero habría atacado con un arma cortopunzante a la víctima, con quien presuntamente mantenía problemas personales. La agresión le habría causado heridas que provocaron su muerte.
El segundo proceso involucra a Julián David Ortiz Abril, señalado de participar en una riña ocurrida el 24 de agosto de 2025, en un hotel del barrio Versalles, en Melgar.
De acuerdo con la Fiscalía, la confrontación se habría originado por los daños ocasionados a un vehículo. En medio del altercado, Ortiz Abril habría atacado con un arma cortopunzante al propietario del automotor, quien murió como consecuencia de las heridas.
Por ambos hechos, fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima imputaron a los procesados por el delito de homicidio agravado. Ninguno aceptó los cargos.
Las órdenes de captura fueron ejecutadas por servidores de la Policía Nacional en dos lugares diferentes: Jaramillo Quintero fue detenido en inmediaciones del peaje de Gualanday, Tolima, mientras que Ortiz Abril fue capturado en Ipiales, Nariño.
Con las medidas de aseguramiento, ambos permanecerán privados de la libertad mientras avanzan los respectivos procesos judiciales. La responsabilidad penal deberá ser determinada por la justicia.
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Hasta $100 millones por información que permita capturar a responsables de incendios en Tolima
Las autoridades del Tolima aprobaron recompensas de hasta $100 millones para quienes entreguen información confiable que permita identificar, judicializar y capturar a personas señaladas de provocar incendios forestales en el departamento, una medida adoptada durante el Comité de Orden Público ante la afectación de cultivos, pastos y zonas boscosas.
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La propuesta fue presentada por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y posteriormente aprobada por las autoridades que integran el Comité de Orden Público.
El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, confirmó el monto máximo de la recompensa y explicó que la información recibida deberá contribuir a establecer la identidad y responsabilidad de los posibles autores.
“Se dio aprobación de una recompensa hasta de $100 millones por personas que nos ayuden a identificar, a individualizar, lógicamente a judicializar y a capturar a los responsables potenciales de incendios provocados o agravados en el Departamento del Tolima”.
Según el funcionario, los incendios registrados han afectado miles de hectáreas de cultivos, pastos y bosques. También señaló que ya existen registros audiovisuales y testimonios de personas que habrían observado movimientos relacionados con algunos de estos hechos.
“Ya hay videos, ya hay personas que han visto movimientos, que han visto actuaciones. Las informaciones nos van a permitir llevar a la responsabilidad de estos criminales que están actuando de esta manera”, afirmó Bocanegra.
El secretario también planteó que la provocación deliberada de incendios podría ser considerada dentro de conductas asociadas al terrorismo, debido a sus posibles efectos sobre cultivos, fuentes hídricas y las personas que participan en las labores de atención y control de las emergencias.
Bocanegra indicó que más de 600 personas han estado vinculadas a las labores desarrolladas desde el inicio de las emergencias y señaló que se han destinado recursos públicos y recibido apoyo de distintas regiones del país para atender la situación.
Las autoridades hicieron un llamado a quienes tengan información verificable a entregarla a través de los comandantes de estación, la Policía de Carabineros, la Policía u otros organismos de confianza, con el objetivo de aportar elementos que permitan avanzar en las investigaciones y establecer responsabilidades.
La recompensa podrá alcanzar los $100 millones, dependiendo de la información suministrada y de su utilidad para identificar y capturar a los responsables.
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