Presidente de la junta de junta de acción comunal de reconocido barrio de la comuna nueve de Ibagué, denunció que fue objeto de un operativo realizado por la Fiscalía, donde no solo lo violentaron cuando se dirigía a su trabajo, todo para decirle: "disculpe no es usted la persona que buscamos, pero es que tiene una moto del mismo color del que estamos buscando" si bien es cierto lo dejaron en libertad de inmediato, en medio del operativo le dañaron el computador que era su principal herramienta de trabajo, de eso hace ocho días, y hasta ahora no le han respondido por las afectaciones causadas.
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Por: Editor General. Tolima7dias.com.co
En una entrevista concedida a Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice Jovanny Bonilla, presidente de la junta de acción comunal del Barrio San Martin Picaleña, ubicado en la comuna 9, narró como en un operativo qué duró varias horas, donde participaron no menos de 7 miembros adscritos a la Fiscalía General de la Nación Seccional Tolima, que se movilizaban en dos carros un taxi y una camioneta particular, uno de ellos, (El Taxi) ya había sido denunciado ante la policía porque estaba por el barrio durante horas dando vueltas.
A las seis de la mañana, salió el presidente de la junta de San Martín Picaleña de su casa rumbo a su trabajo, sin sospechar que al que estaban buscando era a él. Cuando apenas había avanzado unos metros de su vivienda los dos carros que ya habían visto le cerraron el paso, y salieron los hombres armados apuntandole directamente a su cuerpo, lo amordazaron, lo lastimaron físicamente, le taparon la boca y le dañaron el computador portátil, apenas vieron que no tenía lo que ellos esperaban, uno de los miembros de la Fiscalía dijo que no era al que estaban buscando.
Jovanny Bonilla, dice que después de eso fue que se identificaron como miembros de la Fiscalía, una situación grave porqué él alcanzó a gritar pidiendo ayuda y salieron varios vecinos porque pensó que por su trabajo como líder comunal pretendían atentar contra su vida, inclusive asegura que si hubiera salido corriendo para salvaguardar su vida, le hubieran podido disparar y se hubiera podido presentar una tragedia mayor.
Por el momento solo fue su computador que llevaba en un maletin qué se lo destrozaron al mandarlo al piso, por eso interpuso una acción legal para que le paguen el computador que le dañaron porque es su herramienta de trabajo como docente, pero hasta hoy no le han respondido nada.
El líder comunal quiere dejar como presente en esta grabación lo que le sucedió para que los organismos de seguridad actúen con mayores pruebas porque en el caso de él, solo fue porque su moto era del mismo color a la que buscaban.
Tolima7dias.com.co Sabe lo que dice
Un hombre de 48 años fue enviado a un centro carcelario, señalado de su presunta responsabilidad en el homicidio de su compañera sentimental ocurrido el 10 de junio de 2010 en el barrio Galán de Melgar, Tolima. La captura se produjo 16 años después de los hechos, luego de que permaneciera oculto, según la investigación, para evitar la acción de la justicia.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, mientras un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Según la investigación, la víctima habría sido atacada con un arma cortocontundente y, pese a ser trasladada a un centro asistencial en Ibagué, falleció horas después a causa de las heridas.
Uno de los aspectos que marcó el caso es que el ataque habría ocurrido en presencia de los dos hijos de la pareja, quienes tenían 4 y 6 años en ese momento. La investigación también señala que, tras los hechos, el hoy procesado obligó a los menores a marcharse con él antes de desaparecer de la región.
Las autoridades sostienen que el hombre permaneció oculto desde 2010 con el propósito de eludir a la justicia. La orden de captura fue materializada en Fusagasugá, Cundinamarca, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.
Con la imposición de la medida de aseguramiento, el proceso penal continuará mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de los hechos y se define la responsabilidad del procesado dentro del caso.
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