La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra una mujer y su pareja sentimental, señalados de ser los responsables de la desaparición y muerte de su hija de 2 años, ocurrida el 5 de abril de 2024 en zona rural del municipio de Roncesvalles, Tolima.
Un fiscal de la Seccional Tolima imputó a la madre y al padrastro por el delito de desaparición forzada agravada, tras reunir pruebas que vinculan directamente a ambos con la desaparición de la menor.
Según las investigaciones, los implicados habrían ocultado a la niña y posteriormente la reportaron como desaparecida, intentando desviar la atención de las autoridades. Testimonios y material probatorio indican que el padrastro fue visto por última vez con la menor, cuando presuntamente salieron a recoger fríjol el día de los hechos.
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Comunicado a la Opinión Pública
El 19 de octubre de 2024, seis meses después de la desaparición, el caso dio un giro macabro: las autoridades encontraron restos óseos en una finca cercana al lugar de los hechos. Las pruebas de ADN realizadas por el Grupo de Exhumaciones e Identificación Humana del CTI confirmaron que correspondían a la niña desaparecida.
Durante todo el proceso, la pareja se negó a revelar el paradero de la menor, manteniendo silencio ante los investigadores. La Fiscalía señaló que las evidencias recabadas apuntan a una manipulación deliberada para encubrir lo sucedido.
Actualmente, el hombre permanece recluido en la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué, mientras que la madre enfrenta el proceso judicial bajo medida de aseguramiento domiciliaria.
El caso continúa bajo seguimiento judicial. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de maltrato o desaparición de menores, con el fin de evitar que tragedias como esta se repitan.
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Autoridades locales, con apoyo de la Policía y el Ejército, intensificaron los puestos de control en distintos sectores de Ibagué durante los últimos días, como parte de una estrategia orientada a prevenir delitos y vigilar la movilidad en zonas consideradas críticas de la ciudad.
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Los operativos, que se desarrollan de forma permanente y se refuerzan especialmente los fines de semana y en jornadas de alta circulación, incluyen requisas a personas, inspección de vehículos, verificación de antecedentes judiciales y revisión de documentación.
De acuerdo con información oficial, las acciones buscan detectar el porte ilegal de armas de fuego y armas blancas, así como identificar a personas que puedan representar un riesgo para la seguridad ciudadana. Los controles se concentran en puntos estratégicos y áreas calificadas como neurálgicas por las autoridades.
El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Sergio Saavedra, indicó que se trata de “operativos visibles” que continuarán ampliándose en distintos sectores de la ciudad. “La idea es mantenernos enfocados, priorizar los controles y verificar que quienes se movilizan por la ciudad lo hagan de manera legal”, señaló el funcionario.
Las autoridades no precisaron cifras de resultados ni duración específica de la estrategia, aunque confirmaron que los controles se mantendrán activos en distintos puntos de la ciudad.
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