El juicio a Abelardo de la Espriella.
Por: Julio César Montañez Roa, Abogado, Docente y candidato a Doctor en Filosofía del Derecho. Columnista invitado. tolima7dias.com.co
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Creo que el señor presidente electo Abelardo De La Espriella ya surtió el juicio más importante sobre la legitimidad de su elección. Se trató de un proceso muy complejo, un poco vago, impreciso, poco institucional, pero suficiente para considerar al procesado legítimo presidente de la república. No hay lugar a más cuestionamientos.
Las acusaciones fueron de todo tipo: morales, políticas, jurídicas, sociales, sexuales, internacionales y hasta gastronómicas. Le imputaron conductas de todos los tiempos: cuando niño, cuando estudiante y cuando abogado. Lo acusaron de matar gatos, abogado de mafiosos, defensor de paramilitares, estafador de estafadores, odiar personas por su condición sexual, maltratar mujeres, haber jurado lealtad a otros países y hasta odiar la changua y el ajiaco.
Gracias a los medios de comunicación oficiales y privados y a las redes sociales, la totalidad de las imputaciones fueron conocidas por la plenaria del jurado, es decir, todo el pueblo colombiano. El juicio fue amplio y suficiente: tanto los acusadores como el acusado y sus defensores, tuvieron la oportunidad de exponer, con buenos y malos argumentos, sus pruebas y sus razones. No hubo un solo votante que no hubiera conocido y discutido cada uno de estos cargos.
El fallo se produjo en dos instancias: la primera, es decir, la primera vuelta electoral, le dio la razón al doctor De La Espriella; la segunda, es decir, la segunda vuelta, volvió a darle la razón, aunque con menos solidez debido a elementos exógenos que afectaron la autonomía de algunos de los jurados. Asílas cosas, no hay ninguna razón para que ahora, cualquiera, con los mismos argumentos morales, jurídicos, políticos o de otro tipo, intente desconocer los fallos de primera y segunda instancia dictados el 31 de mayo y el 21 de junio pasados.
Pero nadie puede evitar que los abogados o los perdedores acudan a diferentes acciones judiciales, administrativas o de derecho internacional para evitar que el presidente se posesione o que ejerza el poder. Sin embargo, en sana razón, todos esos procesos deben estar sometidos a lo que los más reconocidos tratadistas del derecho y la política llaman Democracia Constitucional o Democracia Discursiva.
Según Rober Alexy, la democracia constitucional consiste en que el derecho es de doble naturaleza: contiene decisiones morales o críticas y decisiones fácticas o reales. Ambas son producto de un proceso discursivo que implica establecer primero las normas ideales que actúan como criterio rector y luego las normas reales, incluidas las sentencias, que sólo podrán ser las que resulten de un debate o discurso en el que participen todos, defendiendo sus respectivas posiciones morales, económicas, religiosas, políticas, personales, etc.
Pues bien, eso fue precisamente lo que ocurrió en Colombia: Un discurso, un debate, en el que todos los interesados participaron y se produjo un fallo. En consecuencia, no hay lugar a más procesos judiciales ni de ningún otro orden nacional o internacional. La oposición debería dejar de seguir acusando al presidente de todo lo que lo acusó antes de las elecciones porque esas sindicaciones, o fueron desvirtuadas por el hoy presidente o no fueron probadas por sus detractores o, habiendo sido probadas, el jurado supremo, el pueblo, no las consideró impedimento para ejercer la presidencia y por eso votó por él. Ya todo está decidido y la decisión fue producto de un proceso discursivo como el que ahora reclaman los más connotados constitucionalistas del mundo. Dedíquense en adelante a juzgar sus actos de gobierno porque para eso es la oposición.
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Asegurado tras 16 años prófugo por crimen que conmocionó a Melgar
Un hombre de 48 años fue enviado a un centro carcelario, señalado de su presunta responsabilidad en el homicidio de su compañera sentimental ocurrido el 10 de junio de 2010 en el barrio Galán de Melgar, Tolima. La captura se produjo 16 años después de los hechos, luego de que permaneciera oculto, según la investigación, para evitar la acción de la justicia.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de homicidio agravado. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos, mientras un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Según la investigación, la víctima habría sido atacada con un arma cortocontundente y, pese a ser trasladada a un centro asistencial en Ibagué, falleció horas después a causa de las heridas.
Uno de los aspectos que marcó el caso es que el ataque habría ocurrido en presencia de los dos hijos de la pareja, quienes tenían 4 y 6 años en ese momento. La investigación también señala que, tras los hechos, el hoy procesado obligó a los menores a marcharse con él antes de desaparecer de la región.
Las autoridades sostienen que el hombre permaneció oculto desde 2010 con el propósito de eludir a la justicia. La orden de captura fue materializada en Fusagasugá, Cundinamarca, por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.
Con la imposición de la medida de aseguramiento, el proceso penal continuará mientras las autoridades judiciales avanzan en el esclarecimiento de los hechos y se define la responsabilidad del procesado dentro del caso.
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