El pacto fija compromisos laborales y seguimiento periódico
La Gobernación del Tolima y diversas organizaciones sindicales del departamento oficializaron este jueves la firma del Acuerdo Colectivo 2025-2026, tras varios meses de concertación. El documento establece compromisos en materia de bienestar laboral y mecanismos de relación entre la administración departamental y los trabajadores.
El proceso se desarrolló con la participación de representantes sindicales y de la Secretaría Administrativa y de Talento Humano. Según informaron ambas partes, los consensos alcanzados se ajustaron a las capacidades presupuestales del departamento.
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Comunicado a la Opinión Pública
Hernández Sigifredo Rubio, presidente de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Tolima (ASDDETOL), afirmó:
“Los funcionarios que pusieron a negociar todos llegaron con un ánimo amigable y buscando el bienestar del trabajador, no era esa rivalidad como en otras negociaciones”.
Mauricio Hernández, director de Talento Humano de la Gobernación, señaló que el proceso se realizó de manera colaborativa:
“Fue un proceso fraterno, un proceso amigable, donde creo que los más grandes ganadores fueron los funcionarios a los cuales todos ustedes y nosotros también como administración representamos”.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el vicepresidente Efraín Sánchez resaltó la disposición de diálogo en esta negociación:
“Ha sido una negociación propositiva para bien del gobierno departamental, pero también pensando en las organizaciones sindicales. Fue la primera vez que una gobernadora convocó a todas las organizaciones apenas 15 días después de su posesión”.
La secretaria administrativa, Yurany Prieto, indicó que el acuerdo contempla compromisos viables de cumplimiento:
“Todos los acuerdos que aquí hicimos son, además de legales, viables y de absoluta facilidad de cumplir”.
El documento establece la creación de un mecanismo de seguimiento cada dos meses, a cargo de la Secretaría de Administración y Talento Humano, con el fin de evaluar el avance en el cumplimiento de los compromisos y mantener un canal de comunicación permanente con los sindicatos.
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Personería revisa datos de familias en Villa Resistencia
La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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