El SENA abre convocatoria para instructores en 2026
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió este 26 de noviembre el proceso nacional de inscripción para el Banco de Instructores 2026, una convocatoria gratuita y digital dirigida a colombianos y extranjeros con documentos vigentes que deseen postularse como instructores en los Centros de Formación del país. El registro es obligatorio y se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial BANIN 2026.
El SENA informó que la inscripción al Banco de Instructores 2026 es el único mecanismo habilitado para seleccionar los perfiles requeridos por los Centros de Formación durante la vigencia 2026. Voceros de la entidad señalaron que “todo el proceso se realiza sin intermediarios y con verificación digital de los documentos cargados por cada aspirante”.
Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
Comunicado a la Opinión Pública
Los interesados deben cumplir un primer requisito: tener registrada su hoja de vida en el aplicativo de la Agencia Pública de Empleo (APE). Una vez completado este paso, el proceso exige:
1. Ingresar al portal oficial del SENA BANIN 2026.
2. Crear una cuenta o iniciar sesión.
3. Acceder a la sección “personas”.
4. Registrar la hoja de vida actualizada.
5. Seleccionar la opción Banco de Instructores.
6. Elegir vacante y perfil.
7. Cargar los documentos solicitados.
8. Guardar la información.
9. Verificar el resumen final antes de enviar.
La convocatoria contempla un cronograma estructurado para la selección:
• Selección de aspirantes: 26 de noviembre al 16 de diciembre de 2025.
• Publicación de nuevas necesidades: 3 al 6 de diciembre de 2025.
• Postulación a nuevos programas: 7 al 10 de diciembre de 2025.
• Preselección de nuevos instructores: 11 al 15 de diciembre de 2025.
• Selección final: desde el 16 de diciembre de 2025.
• Suscripción de contratos: hasta el 23 de enero de 2026.
El proceso está habilitado para ciudadanos nacionales y extranjeros con títulos legalizados, que cumplan con las condiciones migratorias exigidas por la entidad.
La información detallada sobre requisitos, calendario y acceso a la plataforma está disponible en el portal oficial de la APE: https://ape.sena.edu.co/
Los aspirantes pueden realizar su registro desde ya, verificando que todos los documentos cargados sean correctos y estén vigentes, con el fin de evitar rechazos durante la evaluación técnica.
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Envían a prisión a señalados articuladores de red ligada al contrabando
Un juez penal de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas, entre ellas un excandidato al Senado y cuatro exintegrantes de la Policía Nacional, señaladas de integrar una red que habría facilitado operaciones de contrabando vinculadas a Diego Marín Buitrago, conocido como “El Viejo” o “Papá Pitufo”. La decisión se tomó a solicitud de la Fiscalía General de la Nación en el marco de una investigación por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los procesados son Freddy Camilo Gómez Castro, excandidato al Senado; el capitán retirado Faudel Luis Salazar Piñeros; y los patrulleros en retiro José Luis Olaya Caicedo, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez.
Según la investigación, los cinco habrían participado en una red que buscaba facilitar el ingreso irregular de mercancía por puertos del Caribe colombiano. Las autoridades señalan que la estructura establecía contactos con funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para evitar controles o asegurar la salida de cargamentos sin la documentación requerida.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización ofrecía pagos mensuales que podían alcanzar los 300 millones de pesos, conocidos dentro del grupo como “cachetadas”, a cambio de permitir el paso de contenedores con textiles, cigarrillos y otros productos.
Las indagaciones indican que Gómez Castro habría gestionado reuniones con funcionarios de diferentes entidades y promovidos acercamientos con uniformados de la POLFA para influir en decisiones relacionadas con el control aduanero. También habría recibido préstamos y vehículos presuntamente utilizados durante actividades políticas.
En el caso de Salazar Piñeros, quien fue jefe de la División Operativa de la POLFA en Cartagena, la Fiscalía lo vincula con presuntas órdenes a subalternos para permitir la salida de contenedores sin la documentación aduanera completa. Esas mercancías, según el expediente, habrían sido transportadas por vía terrestre hacia diferentes ciudades de Colombia, así como hacia Ecuador y Venezuela.
La investigación también señala que el oficial retirado habría ordenado la devolución de mercancía de contrabando que había sido incautada en carreteras del Atlántico y que habría pagado el arriendo de un apartahotel en el sector de Crespo, en Cartagena, para alojar a otro miembro de la presunta red.
Por su parte, Olaya Caicedo habría utilizado su experiencia en el área de talento humano de la Policía Nacional para identificar uniformados que pudieran colaborar con la estructura. Además, estaría relacionado con la recolección de dinero entre comerciantes de Cartagena para el pago de sobornos y con el traslado de recursos hacia Bogotá destinados a otros funcionarios.
Las autoridades también atribuyen a Édgar Humberto Bacca Suárez un papel en la coordinación del ingreso de mercancía de contrabando —principalmente cacharrería y cigarrillos— por los puertos de Barranquilla y Cartagena. Según las evidencias presentadas, habría buscado información sobre contenedores que no debían ser inspeccionados y habría entregado dinero a funcionarios vinculados a las operaciones. Entre los registros del caso figura la entrega de 28 millones de pesos al capitán retirado Salazar Piñeros y 10 millones a un intendente que actuaba como agente encubierto.
Finalmente, Juan Miguel Jaramillo Mora, conocido con el alias de “Zorro”, habría sido el encargado de distribuir pagos mensuales a integrantes de la red. La investigación señala que en una ocasión entregó 34 millones de pesos a un uniformado que participaba en la investigación como agente encubierto.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer y tráfico de influencias. Ninguno aceptó los cargos durante las audiencias preliminares. El proceso judicial continúa en etapa investigativa.
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