El exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, recibió una condena de nueve años y cinco meses de prisión por su participación en el direccionamiento de dos contratos de interventoría relacionados con las obras del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42, proyectadas para los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015. La decisión judicial, divulgada por la Fiscalía General de la Nación el 7 de octubre, quedó en firme.
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El caso pone nuevamente bajo la lupa la contratación de los escenarios deportivos de la capital tolimense, esta vez por dos procesos que sumaron aproximadamente $5.380 millones y que, según la investigación, fueron manipulados para beneficiar a un contratista previamente seleccionado.
Las pruebas recopiladas por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima permitieron establecer que Rodríguez Ramírez intervino de manera irregular en dos concursos de méritos destinados a contratar la supervisión técnica y administrativa de las obras.
Para concretar el direccionamiento, el entonces mandatario delegó facultades contractuales en el director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) y otros integrantes de su administración, quienes participaron en los procedimientos que facilitaron la selección de una empresa determinada.
La investigación también identificó que existía un acuerdo previo sobre un porcentaje con el contratista favorecido. Sin embargo, la información divulgada por el organismo investigador no precisó el monto de ese porcentaje.
Uno de los aspectos centrales del expediente fue la modificación de las condiciones exigidas a los proponentes. Los requisitos de experiencia, personal, modalidades de pago y criterios habilitantes fueron ajustados para favorecer al consorcio que se pretendía contratar.
Como resultado, los contratos fueron suscritos en marzo y abril de 2015 por valores cercanos a $1.805 millones y $3.575 millones, respectivamente, para la interventoría de los escenarios deportivos que se preparaban para las competencias nacionales.
Tras evaluar el material probatorio, un juez de conocimiento declaró responsable al ex mandatario del delito de interés indebido en la celebración de contratos y, además de la pena privativa de la libertad, le impuso una multa equivalente a 249,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta sentencia se suma a otras condenas conocidas contra Rodríguez por irregularidades relacionadas con la contratación de infraestructura deportiva durante su administración, correspondiente al periodo 2012-2015.
Con la decisión en firme, se cierra este proceso judicial contra el exalcalde por el direccionamiento de las dos interventorías, más de una década después de los hechos que comprometieron la contratación de los escenarios para los Juegos Nacionales de 2015.
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Dos hombres de 49 y 51 años quedaron bajo investigación tras ser sorprendidos en el centro de Rovira con $72.000 en billetes presuntamente falsificados, luego de una alerta sobre movimientos sospechosos en varios establecimientos comerciales.
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Dos hombres de 49 y 51 años fueron capturados en flagrancia en el centro de Rovira, luego de que habitantes alertaran sobre presuntas compras realizadas con dinero falsificado en varios establecimientos comerciales. Durante el procedimiento, las autoridades encontraron $72.000 en billetes que serían falsos.
La captura se produjo hacia la 1:20 de la tarde del 19 de noviembre, cuando uniformados de la Policía realizaron labores de verificación e identificación en el sector. Según el reporte oficial, los dos hombres habrían utilizado los billetes para efectuar transacciones comerciales en diferentes establecimientos del municipio.
Durante el registro, los policías encontraron en poder de los sospechosos $72.000 en billetes de una misma denominación, cuya autenticidad está bajo verificación. Además, uno de los detenidos registra antecedentes judiciales por el mismo delito, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.
Los dos hombres y el dinero incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico de moneda falsificada. Al momento del reporte, permanecían en audiencias virtuales, en las que se definiría su situación jurídica.
El comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Ferney Martín Romero, señaló que la información suministrada por la comunidad permitió orientar el procedimiento. Las autoridades invitaron a reportar situaciones similares a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana.
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