El exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, recibió una condena de nueve años y cinco meses de prisión por su participación en el direccionamiento de dos contratos de interventoría relacionados con las obras del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la calle 42, proyectadas para los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2015. La decisión judicial, divulgada por la Fiscalía General de la Nación el 7 de octubre, quedó en firme.
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El caso pone nuevamente bajo la lupa la contratación de los escenarios deportivos de la capital tolimense, esta vez por dos procesos que sumaron aproximadamente $5.380 millones y que, según la investigación, fueron manipulados para beneficiar a un contratista previamente seleccionado.
Las pruebas recopiladas por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Tolima permitieron establecer que Rodríguez Ramírez intervino de manera irregular en dos concursos de méritos destinados a contratar la supervisión técnica y administrativa de las obras.
Para concretar el direccionamiento, el entonces mandatario delegó facultades contractuales en el director del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI) y otros integrantes de su administración, quienes participaron en los procedimientos que facilitaron la selección de una empresa determinada.
La investigación también identificó que existía un acuerdo previo sobre un porcentaje con el contratista favorecido. Sin embargo, la información divulgada por el organismo investigador no precisó el monto de ese porcentaje.
Uno de los aspectos centrales del expediente fue la modificación de las condiciones exigidas a los proponentes. Los requisitos de experiencia, personal, modalidades de pago y criterios habilitantes fueron ajustados para favorecer al consorcio que se pretendía contratar.
Como resultado, los contratos fueron suscritos en marzo y abril de 2015 por valores cercanos a $1.805 millones y $3.575 millones, respectivamente, para la interventoría de los escenarios deportivos que se preparaban para las competencias nacionales.
Tras evaluar el material probatorio, un juez de conocimiento declaró responsable al ex mandatario del delito de interés indebido en la celebración de contratos y, además de la pena privativa de la libertad, le impuso una multa equivalente a 249,99 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Esta sentencia se suma a otras condenas conocidas contra Rodríguez por irregularidades relacionadas con la contratación de infraestructura deportiva durante su administración, correspondiente al periodo 2012-2015.
Con la decisión en firme, se cierra este proceso judicial contra el exalcalde por el direccionamiento de las dos interventorías, más de una década después de los hechos que comprometieron la contratación de los escenarios para los Juegos Nacionales de 2015.
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La desaparición de Ángela María Romero provocó varias horas de incertidumbre entre sus familiares, quienes finalmente recibieron la noticia de su localización. Según informó la Policía, la mujer pudo regresar a su hogar tras la intervención de los uniformados.
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El caso generó preocupación en su entorno familiar durante el tiempo en que se desconocía su paradero. Sin embargo, las autoridades confirmaron que la situación tuvo un desenlace favorable y que Romero ya se encuentra nuevamente con sus seres queridos.
A través de un comunicado, la institución policial atribuyó el resultado a la reacción de sus uniformados, aunque no entregó detalles sobre las circunstancias de la desaparición ni sobre el lugar donde fue encontrada.
Por el momento, tampoco se ha informado cuánto tiempo permaneció desaparecida, cuáles fueron las causas de su ausencia o si existieron circunstancias que pusieran en riesgo su integridad.
La información conocida hasta ahora confirma el regreso de Ángela María Romero a su entorno familiar, mientras permanecen sin esclarecer los hechos que rodearon su desaparición.
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