Fiscalía imputa homicidio agravado a cuatro presuntos implicados en caso Uribe Turbay
La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro personas presuntamente vinculadas a la planeación y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en el parque El Golfito, barrio Modelia, occidente de Bogotá.
La imputación fue realizada por un fiscal especializado de la Seccional Bogotá, quien modificó los cargos iniciales de homicidio agravado en grado de tentativa, formulados cuando la víctima permanecía en estado crítico en una clínica.
Los procesados son Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila; Katherine Andrea Martínez Martínez; y William Fernando González Cruz, alias El Hermano. A González Cruz y Martínez Martínez también se les adiciona el delito de concierto para delinquir agravado, tras la recolección de nuevos elementos probatorios.
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Comunicado a la Opinión Pública
De acuerdo con la investigación, Arteaga Hernández habría coordinado las acciones previas y posteriores al ataque, contactado a otros involucrados y entregado al adolescente infractor el arma de fuego utilizada. González Cruz estaría implicado en reuniones de planeación, reconocimiento del lugar, selección del menor que disparó, facilitación de la huida de otros participantes y venta de un teléfono celular usado en el crimen.
Martínez Martínez habría asistido a encuentros en los que se definieron roles y trasladado el arma de fuego al menor de edad; mientras que González Ardila, en una motocicleta, presuntamente esperó al autor material para facilitar su escape.
Los cuatro imputados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos, ocultamiento y destrucción de material probatorio, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos permanecen privados de la libertad.
La Fiscalía anunció que en los próximos días se imputará el delito de homicidio agravado a Carlos Eduardo Mora González, quien ya está vinculado al proceso.
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Cobrar por trámites del Predial es irregular y puede ser denunciado
Los ciudadanos que realicen trámites relacionados con el impuesto Predial en Ibagué no deben pagar dinero por la expedición de paz y salvos, certificados, facturas ni por la liquidación de obligaciones tributarias, según informó la Secretaría de Hacienda municipal. La advertencia busca prevenir posibles cobros irregulares por parte de funcionarios o contratistas.
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La dependencia señaló que los trámites asociados con los impuestos municipales son gratuitos y que ningún servidor público o contratista está autorizado para exigir dinero a cambio de gestionar, agilizar o expedir estos documentos.
“Todos los trámites ante las diferentes instancias del Gobierno Municipal son totalmente gratuitos”, afirmó Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué, quien pidió reportar cualquier situación en la que se soliciten pagos por estos servicios.
Las denuncias pueden realizarse de manera presencial en las ventanillas de atención de la Alcaldía de Ibagué o mediante la plataforma ‘Yo sapeo la corrupción’, donde existe la posibilidad de presentar el reporte de forma anónima o suministrando los datos personales solicitados.
El sistema también permite adjuntar archivos que sirvan como evidencia del hecho denunciado. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, esta herramienta hace parte del Sistema de Gestión Antisoborno implementado por la administración municipal y certificado bajo la norma correspondiente.
“Simplemente radican la queja correspondiente, así sea anónima y nosotros nos encargamos de hacer las investigaciones correspondientes”, explicó Gómez.
Para quienes tengan dificultades al momento de presentar una denuncia o requieran orientación sobre la política Antisoborno, está habilitado el correo sistemadegestionantisoborno@
La administración municipal también informó que Ibagué fue la primera alcaldía del país en certificarse bajo la norma ISO 37001:2025 e implementar un Sistema de Gestión Antisoborno, cuyo propósito está relacionado con la prevención y gestión de riesgos de soborno en la administración pública.
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