Gobierno Nacional entrega $14 mil millones en maquinaria para el Tolima
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Gobernación del Tolima realizaron la entrega de maquinaria amarilla por un valor total de $14.000 millones, de los cuales $10.000 millones fueron aportados por el Gobierno Nacional. El acto se llevó a cabo en la plaza Manuel Murillo Toro de Ibagué, con la presencia del director de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.
El paquete de equipos entregado incluye 10 motoniveladoras, 20 retroexcavadoras, 31 volquetas, tres bulldozers y tres retroexcavadoras de oruga, que serán distribuidos entre los municipios del Tolima para labores de mejoramiento vial y atención de emergencias por desastres naturales.
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Comunicado a la Opinión Pública
Durante el evento, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, aseguró que la entrega responde a un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales. “Esto no es una promesa, no es un globo, es una acción concreta que va a traer beneficios para el pueblo del Tolima. Se puede trabajar con gobernantes de otros signos políticos sin problema, claro que se puede”, afirmó el funcionario.
Por su parte, la gobernadora Adriana Matiz destacó que el banco de maquinaria del departamento alcanzará una capacidad operativa sin precedentes. Según cifras oficiales, la administración departamental ha destinado más de $20.000 millones para la compra de nuevos equipos, además de asumir costos anuales de $5.000 millones en operarios y $3.500 millones en mantenimiento.
Matiz señaló que la asignación de la maquinaria se realizará sin criterios partidistas, con el fin de beneficiar a los 47 municipios del Tolima. “Acá estamos pensando en todos los municipios, sin tener en cuenta el color político. El trabajo con los territorios se hace con diálogo y cercanía”, dijo.
Con esta entrega, el Tolima amplía su capacidad técnica para ejecutar obras de infraestructura rural y responder a emergencias en distintos puntos del departamento, en un contexto donde la inversión pública busca fortalecer la gestión territorial frente al riesgo.
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Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
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El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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