La Policía Nacional informó sobre una operación contra la minería ilegal en la vereda Tuluní, zona rural de Chaparral (Tolima), donde fueron inutilizadas 15 excavadoras y cinco motores industriales que, según las autoridades, eran utilizados para la extracción ilícita de oro. La intervención, realizada en el marco de la operación denominada Pijaos IV, habría generado una afectación económica superior a los $7.000 millones a las finanzas de una estructura armada ilegal.
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De acuerdo con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, el operativo permitió intervenir un punto de explotación minera que operaba de manera ilegal en el sur del Tolima. Las investigaciones indican que la maquinaria tenía capacidad para extraer cerca de 22.400 gramos de oro cada mes, una producción que alcanzaría un valor aproximado de 2,6 millones de dólares dentro del mercado ilegal.
El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, señaló que la destrucción de la infraestructura utilizada en esa actividad representa "una afectación a la cadena logística estimada en aproximadamente 2,35 millones de dólares, reduciendo la capacidad operativa y financiera del Frente Gerónimo Galeano, alineado al Estado Mayor Central".
Según las autoridades, esa estructura obtenía ingresos cercanos a los 300.000 dólares mensuales mediante el cobro de una extorsión equivalente al 12 % sobre la producción de oro extraída en ese sector.
Además del impacto económico sobre la organización ilegal, la intervención buscó detener los efectos ambientales derivados de esta actividad. La Policía indicó que la explotación venía causando afectaciones sobre la quebrada La Cañada debido a la remoción del suelo y al uso de mercurio durante los procesos de extracción, una sustancia considerada de alto riesgo para los ecosistemas y las fuentes hídricas.
Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en distintas regiones del país con el objetivo de afectar las economías ilegales asociadas a grupos armados y reducir el impacto ambiental generado por estas actividades.
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El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, expresó este lunes su respaldo a las acciones de seguridad adelantadas por la Gobernación del Tolima durante el Empalme Regional realizado en Ibagué. En el encuentro, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, el funcionario afirmó que el Gobierno Nacional acompañará las estrategias del departamento a partir del próximo 7 de agosto.
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Durante su intervención, Lara señaló que la administración departamental ha mantenido una coordinación directa con el Ejército y la Policía para enfrentar las estructuras armadas ilegales que operan en el territorio. Según indicó, ese trabajo ha permitido fortalecer las operaciones de la Fuerza Pública en diferentes zonas del departamento.
"La gobernadora tiene las faldas bien puestas y ha enfrentado a los delincuentes con contundencia", afirmó el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.
El funcionario también hizo referencia al programa de recompensas impulsado por la Gobernación del Tolima, al considerar que esta estrategia ha contribuido a la captura de cabecillas de las disidencias y al desarrollo de operaciones en el sur del Tolima y el norte del Huila.
"Ha sido una política autónoma de la gobernadora que es un ejemplo para todos los gobernadores del país", sostuvo Lara al referirse al programa de recompensas.
En ese contexto, anunció que la administración nacional respaldará las acciones de seguridad que se ejecuten en el departamento una vez asuma funciones el nuevo gobierno.
"A partir del 7 de agosto usted no estará sola en ese esfuerzo; tendrá en el Gobierno Nacional un socio sólido y decidido", manifestó.
Durante el mismo evento, Lara indicó que, además de la seguridad, el Tolima espera respuestas del próximo Gobierno Nacional en áreas como salud, sector agropecuario, agua potable y generación de oportunidades para la población. Añadió que estos temas harán parte de la agenda de trabajo entre el Ejecutivo y las autoridades departamentales.
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