Incendios forestales podrían generar hasta 20 años de prisión
Provocar de manera intencional un incendio forestal puede derivar en sanciones penales y económicas en Colombia, según lo establecido en el artículo 350 del Código Penal, que contempla penas de prisión de hasta 20 años y multas de hasta 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de las circunstancias del caso.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La advertencia cobra relevancia durante la temporada de mayor riesgo de incendios, cuando una quema que se salga de control puede afectar áreas de vegetación, ecosistemas y comunidades cercanas.
El artículo 350 del Código Penal establece sanciones para quienes provoquen incendios que representen un riesgo o afecten recursos naturales. Las consecuencias pueden incluir una condena de hasta 20 años de prisión y multas que alcanzan los 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las autoridades recuerdan que las quemas y otras actividades que puedan generar fuego en zonas rurales requieren especial precaución, debido a la posibilidad de que las llamas se propaguen y ocasionen una emergencia.
Además de las consecuencias ambientales y materiales, la responsabilidad penal puede recaer sobre quienes, por acción u omisión, ocasionen un incendio cuando se configuren las conductas contempladas por la legislación colombiana.
Ante cualquier incendio forestal o situación que represente riesgo de propagación del fuego, se recomienda informar oportunamente a los organismos de emergencia de la zona.
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Investigan presunto uso indebido de elementos policiales en Ibagué
La Policía Metropolitana de Ibagué anunció una investigación para establecer qué ocurrió durante un procedimiento de control a motocicletas realizado este jueves en inmediaciones del puente del SENA, luego de que se denunciara un presunto uso inadecuado de elementos asignados al servicio por parte de uno de los uniformados que intervino en el operativo.
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El procedimiento se desarrollaba inicialmente por funcionarios de tránsito municipal, quienes adelantaban controles sobre motocicletas que, según la información preliminar, estarían estacionadas en sitios no autorizados.
Durante la actuación se habrían presentado comportamientos por parte de algunos ciudadanos que alteraron el desarrollo del procedimiento. Ante esta situación, los agentes de tránsito solicitaron el acompañamiento de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los funcionarios y demás personas presentes.
Fue en medio de esa intervención cuando, de acuerdo con las denuncias conocidas, uno de los policías habría utilizado de manera inadecuada elementos entregados para el cumplimiento de sus funciones.
La Policía Metropolitana de Ibagué señaló que realizará las verificaciones necesarias para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. La investigación deberá establecer las responsabilidades que correspondan, bajo el respeto del debido proceso y de las garantías constitucionales y legales de las personas involucradas.
La institución indicó además que no avala actuaciones que se aparten de los protocolos establecidos para el servicio, los principios institucionales o las normas relacionadas con el respeto de los derechos humanos.
Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre eventuales sanciones o decisiones disciplinarias derivadas del caso. Los resultados de las verificaciones permitirán establecer qué ocurrió durante el procedimiento y si hubo alguna conducta contraria a las normas que regulan la actuación policial.
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