Los incendios forestales que han afectado al Tolima en los últimos días ya dejan más de 11.700 hectáreas impactadas, según el balance preliminar entregado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien señaló que la emergencia que permanece activa en el cerro de Las Mercedes de Suárez concentra actualmente los esfuerzos de organismos de socorro y autoridades.
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La conflagración se encuentra ubicada entre los municipios de Suárez y Carmen de Apicalá y, de acuerdo con la mandataria, existe preocupación por su posible avance hacia otros cuatro municipios del oriente del departamento.
“Es un incendio que está en el cerro de Las Mercedes, entre el Carmen de Apicalá y el municipio de Suárez. Tenemos una preocupación muy grande porque ese incendio puede llegar a cuatro municipios del departamento”, afirmó Matiz.
Para contener el fuego se han desplegado unidades de bomberos, la Fuerza Aeroespacial y la Policía, esta última con apoyo de dos aeronaves para realizar descargas sobre las zonas afectadas.
La gobernadora también informó que otras emergencias registradas durante los últimos días ya fueron liquidadas. Entre los municipios que habían reportado incendios se encuentran San Luis, Valle de San Juan y Ortega. Según el balance entregado, en uno de los momentos más críticos llegaron a registrarse 31 incendios activos en diferentes puntos del departamento.
Millonarias pérdidas en el campo
La afectación también alcanza al sector agropecuario. De las hectáreas reportadas, 4.947 corresponden a cultivos y pastos para ganadería, con daños en producciones de limón, mango y cachaco, entre otros.
“Cultivos como el limón, del mango, fueron totalmente arrasados; pérdidas totales en el sector, también por más de $41 mil millones”, señaló la gobernadora.
Matiz advirtió que las cifras todavía son preliminares y podrían aumentar mientras avanzan las evaluaciones sobre las áreas afectadas y las pérdidas económicas ocasionadas por las conflagraciones.
Advierten consecuencias penales
Ante la persistencia de incendios asociados a prácticas de quema, la gobernadora hizo un llamado a evitar las denominadas “quemas controladas” y recordó que provocar un incendio forestal puede generar consecuencias penales.
Según explicó, el artículo 350 del Código Penal contempla penas de prisión que pueden llegar hasta los 22 años, además de multas que, de acuerdo con su declaración, pueden superar los 1.200 salarios mínimos.
Mientras continúan las labores de control en el cerro de Las Mercedes, las autoridades mantienen el seguimiento sobre el comportamiento del fuego y la posible expansión de la emergencia hacia otros municipios.
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Un hombre de 26 años fue capturado en el barrio Jardín Santander, en Ibagué, por una orden judicial relacionada con un proceso por hurto calificado y agravado ocurrido el 15 de mayo de 2018. La diligencia fue realizada por la Seccional de Investigación Criminal (DIPRO) de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Ibagué.
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La captura se produjo ocho años después de los hechos investigados. Según la información entregada por las autoridades, el hombre era requerido por su presunta participación en el hurto y fue ubicado durante labores de investigación y verificación adelantadas en la ciudad.
En el proceso de identificación, las autoridades establecieron además que registra siete anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto, fuga de presos y violación de medidas sanitarias. Estas anotaciones corresponden a registros judiciales y no constituyen, por sí mismas, una condena por los hechos mencionados en el proceso que dio origen a la orden de captura.
Tras hacerse efectiva la medida, el detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente. Debido a que los hechos investigados ocurrieron cuando era menor de edad, el proceso se tramita bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
El mayor Luis Carlos Flórez Quintero, jefe del Centro de Información Estratégico Policial Seccional de la Policía Metropolitana de Ibagué, señaló que continuarán las labores para ubicar a personas que tengan requerimientos judiciales vigentes.
La captura queda ahora bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán determinar las actuaciones correspondientes dentro del proceso.
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