La Escuela de Formación Artística y Cultural de Ibagué (EFAC) abrió el proceso de inscripción para el semestre B del año 2025. La convocatoria estará disponible del 14 al 30 de julio y está dirigida a personas interesadas en formarse gratuitamente en programas técnicos laborales por competencias en el área artística.
Los programas ofrecidos son:
• Técnico Laboral por Competencias en Maquillaje para la Caracterización del Intérprete Teatral.
• Técnico Laboral por Competencias en Ejecución Instrumental para Músicas Regionales Colombianas.
• Técnico Laboral por Competencias en Interpretación para la Danza de Ritmos Folclóricos.
Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
Los requisitos para postularse incluyen: ser mayor de 16 años, haber aprobado como mínimo el noveno grado de educación básica y contar con conocimientos básicos relacionados con el programa al que se aspira.
El proceso de inscripción se realiza en dos etapas. Primero, se debe diligenciar el formulario en línea disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/
Adicionalmente, se debe entregar el formulario físico en la sede de la EFAC, ubicado en la calle 10 No. 8-07, barrio Belén, frente al Panóptico. El formato puede descargarse aquí:
https://drive.google.com/file/
Una vez completada la etapa de inscripción, los aspirantes deberán presentar una prueba de admisión presencial. Los seleccionados realizarán posteriormente el proceso de matrícula. Los programas tienen una duración de tres semestres y se imparten de lunes a viernes, en horarios de la tarde y la noche.
La EFAC, que cumple 20 años de funcionamiento en 2025, continúa desarrollando su labor académica con la intención de brindar acceso a procesos de formación artística en diferentes disciplinas.
Para más información, están habilitados los siguientes canales de atención:
cultura@ibague.gov.co o efacinstitucional@gmail.com
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Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
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El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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