Tolima celebró sus 164 años con orgullo, cultura y seguridad: gobernadora Matiz dio la bienvenida a los turistas desde Gualanday. El Tolima celebró su aniversario 164 con una mezcla de tradición, compromiso institucional y esperanza en el futuro.
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Por: Oficina de prensa de la Gobernación del Tolima. Tolima7dias.com.co
Este sábado, la gobernadora Adriana Magali Matiz encabezó la conmemoración de los 164 años del departamento con una jornada cargada de orgullo, tradición y compromiso con el bienestar de propios y visitantes.
Desde el Peaje de Gualanday, la mandataria recibió a los turistas que arribaron al departamento para celebrar esta fecha histórica.
“Hoy es un día muy especial para todos los tolimenses y para todo nuestro departamento. 164 años de historia, de lucha, y de identidad. Hoy más que nunca debemos sentirnos orgullosos de ser tolimenses”, expresó la gobernadora.
La celebración se vivió de manera simultánea en varios municipios. Mientras desde la Gobernación se lideraban actividades en Prado y Honda, Matiz se desplazó a Melgar, donde verificó el despliegue de seguridad y salud dispuesto para este puente festivo.
“En Melgar revisamos todo el tema de seguridad, no solo física sino vial. Allí instalamos un centro de mando para monitorear el departamento en tiempo real”, explicó.
Según Matiz, el Tolima cuenta con 48 puntos de control distribuidos estratégicamente y el apoyo de hombres de la Policía y el Ejército, en un esfuerzo sin precedentes para garantizar la seguridad durante la temporada alta.
La mandataria también resaltó el enfoque preventivo en salud ante el brote de fiebre amarilla, con puestos de vacunación en hospitales, terminales, centros comerciales y el aeropuerto.
“En Melgar era sorprendente la cantidad de personas vacunándose. Queremos que todos los visitantes disfruten de nuestro departamento, pero con responsabilidad”, indicó Matiz.
Entre tanto, la mandataria realizó un sobrevuelo entre Chinauta y Gualanday para inspeccionar la infraestructura vial, resaltando la apertura del nuevo tercer carril de la vía Bogotá-Girardot.
“Es un hecho histórico. Es el mejor regalo que podíamos recibir en el cumpleaños de nuestro departamento”, afirmó.
Durante el recibimiento a los turistas no faltaron la música, las muestras culturales y la tradicional lechona considerada como el mejor plato de carne de cerdo del mundo según Taste Atlas.
“Hoy le decimos al país y al mundo: el Tolima está listo para recibirlos, con los brazos abiertos, con identidad, historia y evolución”, concluyó la gobernadora Matiz.
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Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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Una noticia desgarra el tejido social de Ibagué y enciende todas las alarmas en el país: un joven ibaguereño de tan solo 28 años ha perdido la vida en el conflicto entre Rusia y Ucrania, víctima de un engaño brutal. Su historia no es la de un voluntario militar, sino la de una persona atraída por falsas promesas de trabajo en el extranjero, que terminó siendo forzada a la guerra, en lo que las autoridades ya confirman como un desgarrador caso de trata de personas.
La revelación, confirmada por la Secretaría del Interior del Tolima, destapa una cruel red que opera en Colombia, atrayendo a jóvenes con vulnerabilidades económicas hacia un destino fatal. Como ha señalado Ricardo Suárez, secretario del Interior, el joven fue "llevado con falsas expectativas de trabajo y terminó siendo utilizado en el conflicto armado sin ningún tipo de experiencia militar. Prácticamente fue usado como señuelo en combate". Esta descripción cruda pinta un panorama de explotación y deshumanización.
El modus operandi, denunciado por el funcionario, es aterradoramente claro: engaño con ofertas laborales inexistentes, traslado al extranjero, despojo de documentos y coacción para firmar contratos que los vinculan a operaciones bélicas. El joven de Ibagué, que viajó en noviembre, estuvo desaparecido por más de cuatro meses, una cruel antesala a la confirmación de su muerte. Su caso se suma a las advertencias que desde diciembre ya se venían emitiendo sobre estas prácticas, detectadas también en otros países de América Latina.
Este caso no es solo una tragedia individual; es un llamado urgente a la conciencia nacional sobre la persistencia y la evolución de la trata de personas. Este delito transnacional, que la Ley 985 de 2005 en Colombia define y sanciona, implica la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. La explotación en este contexto, según el relato, se materializa en la utilización de individuos como carne de cañón en un conflicto ajeno, configurando una de las modalidades más extremas de este flagelo. El Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), en su Artículo 188A, sanciona específicamente la trata de personas con penas privativas de la libertad, las cuales aumentan si la víctima es menor de edad, si se somete a trabajos forzados o si se explota en conflictos armados.
Las autoridades, con la Gobernación del Tolima gestionando la repatriación del cuerpo ante la Cancillería, insisten en la imperiosa necesidad de desconfiar de ofertas laborales internacionales que carezcan de la verificación oficial. La urgencia radica en la protección de nuestros jóvenes, quienes, en su legítima búsqueda de oportunidades, no deben convertirse en presas de redes criminales que los arrojan a la guerra y la muerte.
La sociedad colombiana tiene el deber de reaccionar con contundencia. Este trágico desenlace exige no solo la investigación exhaustiva para desmantelar estas redes de trata y llevar a sus responsables ante la justicia, sino también la implementación de campañas preventivas robustas y accesibles. Es imperativo que cada ciudadano conozca los riesgos y los mecanismos para verificar ofertas, protegiendo así la vida y la dignidad de quienes, en su vulnerabilidad, son el blanco de estos crímenes de lesa humanidad. La Corte Constitucional, en su rol de garante de los derechos fundamentales, ha reiterado la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos de este tipo de vulneraciones, tal como se desprende de la protección integral al derecho a la vida y a la integridad personal. El Decreto 1066 de 2015, que compila el sector de la Presidencia de la República, incluye lineamientos para la política pública en materia de trata de personas, exigiendo acciones coordinadas interinstitucionalmente para la prevención, protección y atención de víctimas. Que la memoria de este joven ibaguereño sea un impulso inquebrantable para proteger a todos aquellos que podrían convertirse en la próxima víctima.
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