Por Michael Steven Mejía Ospina
Activista, Panelista, Defensor de Derechos Humanos, Miembro de Amnistía Internacional, Abogado Empírico, Estudiante de Ciencias Políticas, Homologando Derecho en la Universidad Americana. Columnista invitado tolima7dias.com.co
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La compleja situación del sistema de salud en el Tolima, marcada por la interrupción de servicios y el riesgo inminente para los pacientes, ha encontrado un eco en la Superintendencia Nacional de Salud. Con un anuncio que genera alivio y expectación, la Supersalud ha confirmado su intervención y la convocatoria a una mesa técnica urgente los días 7 y 8 de mayo, un paso fundamental para abordar de raíz las fallas en el giro de recursos de las EPS que están impactando directamente la atención ciudadana.
La delegada para Entidades Territoriales de la Supersalud, Edilma Suárez Castro, ha articulado claramente el objetivo de esta iniciativa: reunir a todos los actores del sistema – aseguradores, prestadores, gestores farmacéuticos y entes de control – para realizar una revisión profunda y coordinada de la problemática. Este llamado a la acción conjunta, que incluye a entidades como la Procuraduría, Contraloría y Defensoría, es crucial para establecer un diagnóstico preciso y trazar soluciones efectivas a una crisis que afecta tanto a la red pública como a la privada.
Uno de los puntos más críticos que se abordarán es el persistente retraso en los pagos a los prestadores de servicios, una situación que tiene en vilo a hospitales y clínicas. El caso del Hospital Federico Lleras Acosta, donde especialistas han advertido sobre posibles ceses de actividades y la limitación de atención a urgencias vitales, es un claro ejemplo de la presión a la que se ven sometidos, con el consecuente represamiento de cirugías en todo el departamento. Esta inestabilidad financiera compromete la continuidad y la calidad de la atención médica para los pacientes.
Adicionalmente, la Supersalud ha solicitado el acompañamiento del Ministerio de Trabajo para abordar la delicada situación de los trabajadores de Asmed Salud, quienes denuncian la falta de pago de salarios. Esta preocupación por la estabilidad laboral de quienes están en la primera línea de la atención sanitaria subraya el compromiso de la intervención en buscar soluciones integrales que no solo beneficien a los pacientes, sino también a todo el personal del sector.
La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en el Tolima es una noticia que genera un profundo agradecimiento, especialmente para quienes, como defensores incansables de los tolimenses y colombianos, conocen de primera mano las dificultades que enfrentan los pacientes y la incansable labor de asesoramiento en temas de salud. Esta acción representa una valiosa oportunidad para que las voces de quienes han trabajado por los derechos en salud sean escuchadas y se traduzcan en soluciones concretas. La Superintendencia asume un rol protagónico en la defensa del derecho fundamental a la salud, buscando llevar soluciones efectivas al territorio y restaurar la confianza en un sistema que hoy se encuentra bajo alerta máxima en el Tolima. Es un momento decisivo para la salud de la región.
Michael Steven Mejia Ospina
Columnista, Agradezco mucho a todos los tolimenses y colombianos por el apoyo y el reconocimiento que muchos hacen por mi trabajo social y asesorías.
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Uniformados adelantaron inspecciones a personas y vehículos en los alrededores de la Institución Educativa Fe y Alegría Bicentenario.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La Policía Nacional adelantó operativos de vigilancia y control en inmediaciones de la Institución Educativa Fe y Alegría Bicentenario, en Ibagué, con el objetivo de detectar elementos y sustancias que puedan poner en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.
Durante las intervenciones, los uniformados realizaron procedimientos de identificación y registro de personas y vehículos que circulaban por el sector, como parte de las medidas preventivas orientadas a reducir posibles amenazas en el entorno escolar.
Los controles fueron desarrollados por el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en coordinación con las secretarías de Gobierno y Tránsito de Ibagué, bajo las estrategias de seguridad Ocobos Plus y Protección a la Adolescencia e Infancia Segura.
Según la información entregada por las autoridades, las actividades también estuvieron dirigidas a verificar el porte de objetos y sustancias que pudieran representar un peligro para la comunidad estudiantil.
Los procedimientos se realizaron en el marco de la Ley 1098 de 2006, conocida como Código de la Infancia y la Adolescencia, que establece disposiciones para garantizar los derechos y la protección integral de los menores de edad.
Aunque las autoridades informaron sobre el desarrollo de los controles, no precisaron si durante los operativos se registraron incautaciones, capturas o hallazgos de elementos prohibidos.
Estas intervenciones hacen parte de las acciones preventivas en zonas cercanas a establecimientos educativos, donde se busca identificar factores de riesgo y evitar situaciones que puedan afectar la seguridad de los estudiantes y el desarrollo de las jornadas académicas.
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