Más de 800 gramos de marihuana fueron incautados por la Policía Metropolitana de Ibagué durante controles realizados a empresas de encomiendas de la ciudad. La sustancia, enviada desde Cali y con destino al municipio de Cambao, fue detectada dentro de una caja de cartón durante operativos contra el microtráfico.
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El hallazgo ocurrió en medio de inspecciones adelantadas por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, quienes realizaban labores de registro y verificación en empresas dedicadas al envío y recepción de paquetes.
De acuerdo con el reporte oficial, un canino entrenado en detección de narcóticos alertó a los policías al sentarse frente a una encomienda que presentaba comportamientos inusuales. Tras la inspección, las autoridades encontraron una bolsa prensada y 128 cigarrillos de marihuana ocultos dentro del paquete.
Las autoridades señalaron que el cargamento superaba los 800 gramos y habría sido despachado desde Cali hacia Cambao, utilizando el sistema de mensajería para movilizar el estupefaciente.
La sustancia quedó a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer quién envió la encomienda y quién sería el destinatario final.
“Continuaremos fortaleciendo los controles en terminales, corredores viales y empresas de encomiendas, reafirmando nuestro compromiso en la lucha frontal contra el microtráfico y las economías ilícitas que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, afirmó el mayor Eduardo Andrés Mahecha Campos, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Ibagué.
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Cuatro exintegrantes del Bloque Tolima de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fueron condenados por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá por su participación en homicidios, torturas, secuestros, desapariciones forzadas y desplazamientos ocurridos entre 1999 y 2005 en distintos municipios del Tolima.
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La decisión judicial se produjo tras las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la Nación, que documentó 29 hechos criminales atribuidos a José Cresencio Arias Jiménez, Arnulfo Rico Tafur, Eduardo Alexander Carvajal Rodas y José Wilton Bedoya Rayo. Los condenados actuaban como cabecillas, patrulleros, escoltas y enlaces financieros dentro de la estructura paramilitar.
Según la investigación, gran parte de las víctimas eran civiles señalados de colaborar con otros grupos armados ilegales o personas que se negaban a obedecer las órdenes impuestas por el Bloque Tolima en zonas rurales del departamento.
Uno de los casos expuestos por la Fiscalía corresponde al ocurrido el 8 de abril de 2002 en San Luis, Tolima. De acuerdo con el expediente, hombres armados interceptaron a una mujer y a su sobrino menor de edad, los amarraron y los trasladaron hasta una finca conocida como La Carolina. Allí, el niño fue separado del grupo y llevado hacia un lugar desconocido. Hasta hoy se desconoce su paradero. La mujer fue asesinada y posteriormente desmembrada.
Otro de los hechos documentados involucra a habitantes de Rovira que fueron retenidos por integrantes del Bloque Tolima, intimidados y obligados a abandonar sus viviendas y predios junto a sus familias.
La Sala de Justicia y Paz impuso penas que van desde 240 hasta 480 meses de prisión, además de multas entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, los condenados podrán acogerse a la pena alternativa contemplada en la Ley de Justicia y Paz, siempre que cumplan los requisitos establecidos en ese proceso transicional.
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