Menor de 15 años, es el primer contagiado con fiebre amarilla en Ibagué
Se confirma el primer caso de fiebre amarilla en Ibagué. Las autoridades sanitarias de Ibagué confirmaron el primer caso de fiebre amarilla en la ciudad.
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Por: Editor Local y Resumen de Noticias. Tolima7dias.com.co
Se trata de una menor de 15 años de edad que ya se encuentra fuera de peligro en su lugar de residencia.
De acuerdo con el reporte oficial, la paciente fue valorada en una IPS local y luego trasladada a la ciudad Manizales, ya que requería atención de un infectólogo pediátrico.
Sin embargo, fue dada de alta y ya se encuentra en su vivienda guardando todas las medidas necesarias para su recuperación.
“Este es el primer caso oficial, por eso estamos trabajando desde ya con expertos para iniciar el cerco epidemiológico en la zona donde se registró el caso y hacer un ejercicio integral de la situación. Así, lograremos identificar con cuántas personas tuvo contacto la menor”, dijo Liliana Ospina, secretaria de Salud Municipal.
La funcionaria también reiteró que desde que inició la contingencia (Primero de noviembre de 2024) se han aplicado 57.303 vacunas en diferentes puntos de la ciudad.
Asimismo, invitó a la comunidad a que se vacune en los puntos fijos del Terminal de Transporte, aeropuerto Perales, e IPS.
“La única manera de prevenir la fiebre amarilla es vacunándose. Así que invitamos a los ibaguereños a que lo hagan, es completamente gratis”, concluyó Ospina.
Recuerde que la vacuna se puede aplicar en población mayor a 9 meses, sin límite de edad y se aplica una única vez en la vida.
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Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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