La Policía Nacional realizó un operativo preventivo en el mercado ganadero de Cajamarca, Tolima, durante la jornada comercial del 17 de agosto, con presencia de uniformados de Carabineros y Protección Ambiental para prevenir el abigeato y reforzar la vigilancia sobre ganaderos, comerciantes y compradores.
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La intervención hizo parte de la denominada Estrategia de Seguridad Dulima y se concentró en uno de los principales espacios de comercialización de ganado del municipio. Los uniformados permanecieron en el lugar durante la actividad para realizar labores de vigilancia, prevención y acompañamiento.
El objetivo fue reducir los riesgos asociados al hurto de ganado y facilitar la detección de situaciones que pudieran afectar a quienes participan en esta actividad económica. La Policía también señaló que estos espacios permiten promover la denuncia de hechos sospechosos y mantener contacto directo con las comunidades rurales.
El mayor Eduardo Andrés Mahecha Campos, jefe de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, explicó que las acciones continuarán en las zonas rurales del departamento.
“Continuamos fortaleciendo nuestro trabajo en las zonas rurales a través de acciones de prevención y acompañamiento que nos permiten estar más cerca de la comunidad”, manifestó el oficial.
La institución indicó que este tipo de controles busca prevenir delitos que afectan directamente el patrimonio de los productores ganaderos, entre ellos el abigeato, y mantener vigilancia durante las jornadas de comercialización.
Para los ganaderos y comerciantes, la recomendación es reportar oportunamente cualquier situación relacionada con posibles casos de hurto o irregularidades en la movilización y comercialización de animales.
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Corrupción electoral. La justicia ordenó la detención preventiva de William Escobar López, mientras la Gobernación del Tolima podría intervenir en la designación de su reemplazo temporal.
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El alcalde de Cunday, William Escobar López, deberá enfrentar su proceso judicial bajo una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, luego de que un juez de control de garantías acogiera la solicitud de la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué por presuntos hechos de corrupción electoral. La decisión, conocida el miércoles 28 de octubre, también abrió la posibilidad de un relevo temporal en la administración municipal.
La determinación se produjo tras la evaluación de los elementos presentados por el ente acusador, que sustentó la necesidad de imponer una medida privativa de la libertad al mandatario. El proceso está relacionado con presuntas irregularidades electorales que son objeto de investigación y cuya responsabilidad penal aún no ha sido establecida.
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La situación judicial del alcalde también puso sobre la mesa el futuro inmediato del gobierno municipal. Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se notificara a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, para adelantar las actuaciones correspondientes frente a una eventual designación temporal que permita mantener el funcionamiento de la administración de Cunday.
Por su parte, la defensa de Escobar López intentó evitar que se mantuviera la medida de reclusión, argumentando, entre otras circunstancias, la proximidad de las festividades tradicionales del municipio. Sin embargo, el juez mantuvo su determinación y los abogados del mandatario interpusieron un recurso de apelación para que un superior judicial revise lo resuelto.
La orden se conoce precisamente durante la temporada de ferias y fiestas de Cunday, circunstancia que coincide con un escenario de incertidumbre sobre quién asumirá las funciones del despacho municipal mientras se define la situación del alcalde.
Pese a la gravedad de la medida, Escobar López no ha sido condenado. La decisión corresponde a una detención preventiva y no constituye una sentencia que determine su culpabilidad. En consecuencia, conserva la presunción de inocencia y el derecho a controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso penal.
La apelación presentada por su defensa no suspende por sí sola el cumplimiento de la medida. Será el juez de segunda instancia quien determine si confirma, modifica o revoca la decisión que ordenó su reclusión.
Mientras avanza ese trámite, la atención se concentra tanto en el futuro judicial de William Escobar López como en las actuaciones que correspondan a la Gobernación del Tolima para resolver una eventual ausencia temporal del mandatario y garantizar la continuidad administrativa del municipio.
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