Operación contra minería ilegal golpea finanzas de grupo armado en Chaparral
Tropas del Ejército Nacional intervinieron dos unidades de producción minera que operaban de manera ilícita en la vereda Aguayo, zona rural de Chaparral, Tolima, una actividad que, según las autoridades, estaría relacionada con la financiación del GAO-r Bloque Central Comandante Isaías Pardo, Comisión Gerónimo Galeano. La operación también busca contener los daños ambientales asociados a la extracción ilegal de oro en este sector del sur del departamento.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La intervención fue realizada por soldados del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo, de la Sexta Brigada, quienes localizaron y destruyeron dos unidades de producción minera utilizadas para las labores de extracción.
En el procedimiento fueron inutilizadas dos retroexcavadoras Komatsu, dos motores Cummins, una clasificadora metálica y 300 galones de ACPM, elementos empleados en la actividad minera.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la maquinaria tendría un valor aproximado de $1.200 millones, mientras que la extracción de unos 6.000 gramos de oro, que habría sido evitada con la operación, está estimada en $2.513.742.000. En conjunto, la afectación económica supera los $3.700 millones.
La operación se desarrolló en sectores de las veredas Aguayo y San Diego, donde la explotación minera ilegal venía generando remoción de la capa vegetal y del subsuelo, además de riesgos de contaminación sobre las fuentes hídricas.
Las autoridades señalaron que este tipo de actividades representan una fuente de financiación para estructuras armadas que tienen presencia en zonas rurales del sur del Tolima. Por ello, las operaciones militares continuarán dirigidas a contrarrestar actividades asociadas a las economías ilícitas y a la afectación de los recursos naturales.
La comunidad puede reportar hechos que puedan representar riesgos para la seguridad de la región a través de la línea antiterrorismo 107.
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Incendios ya afectan más de 30.000 hectáreas en el Tolima
A 26 días de la emergencia por incendios forestales que afecta al Tolima, 11 municipios mantienen conflagraciones activas, mientras el departamento reporta más de 30.000 hectáreas afectadas entre cultivos, pastos y bosques, pérdidas agropecuarias superiores a $50.000 millones y más de 22.000 cabezas de ganado sin alimento, según el balance presentado por la gobernadora Adriana Magali Matiz durane la instalación del Foro del Agua, en Ibagué.
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La mandataria señaló que la emergencia ha golpeado especialmente zonas de municipios como San Luis, Coello, Ortega, Armero Guayabal y Venadillo, donde las llamas han provocado daños en áreas productivas, viviendas y terrenos rurales.
“Detrás de cada hectárea quemada hay una historia y detrás de cada familia afectada hay una vida que tenemos que ayudar a reconstruir”, afirmó Matiz al referirse a las consecuencias que ha dejado la emergencia sobre las comunidades.
La situación también ha puesto a prueba la capacidad de respuesta frente a la cantidad de focos registrados. De acuerdo con la gobernadora, más de 600 bomberos participan en las labores de atención y, aunque actualmente permanecen 11 incendios activos en 11 municipios, el departamento llegó a registrar 31 conflagraciones de manera simultánea.
“Nos quedamos cortos para apagar el fuego. Hay momentos en que apagamos un foco y nos aparece otro y otro y otro”, manifestó la mandataria, quien también reconoció el desgaste de los equipos que llevan 26 días atendiendo la emergencia.
Matiz además aseguró que algunas de las conflagraciones podrían estar relacionadas con acciones intencionales y pidió investigar a quienes estarían detrás de estos hechos. “Quien prende fuego a la montaña para aterrorizar a nuestros pueblos comete un acto vil, un acto canalla y un acto delincuencial”, sostuvo.
En las labores de respuesta participan cuerpos de bomberos del Tolima y de otros departamentos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Aeronáutica Civil, las alcaldías y organismos de gestión del riesgo, entre otras entidades. La gobernadora también destacó la participación de habitantes y comunidades rurales en la atención de los incendios.
Pese a la magnitud de las pérdidas materiales y económicas, hasta el momento no se reportan víctimas mortales por causa directa de los incendios. La emergencia, sin embargo, deja un impacto significativo sobre la producción agropecuaria, los ecosistemas y las familias afectadas.
Al finalizar su intervención, Matiz anunció que se trasladaría al Centro de Entrenamiento de la Policía Nacional (CENOP) para coordinar el Puesto de Mando Unificado (PMU) y hacer seguimiento a la respuesta frente a los incendios.
“El fuego se llevó cultivos, animales, tierras, pastos, se llevó viviendas, pero no se llevó la vida”, afirmó la gobernadora, al señalar que la recuperación del departamento requerirá tiempo y esfuerzos tras la emergencia ambiental, económica y social.
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