Operación Pijaos VII golpea millonaria minería ilegal en el sur del Tolima
Una operación desplegada este martes por la Policía Nacional en zonas rurales de Chaparral y Coyaima dejó cinco puntos de explotación minera ilegal intervenidos y maquinaria destruida o inhabilitada, en una acción que, según las autoridades, impactaría una actividad capaz de producir oro por cerca de $3.998 millones mensuales y de generar recursos para el Frente Gerónimo Galeano.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El procedimiento, denominado Operación Pijaos VII, comenzó sobre las 6:00 de la mañana y se desarrolló de manera simultánea en diferentes sectores del río Saldaña, con la participación de más de 100 policías.
En el operativo intervinieron integrantes del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales (INUMIL), la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, el Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR), unidades de Inteligencia y de la Seccional de Investigación Policial.
Durante las intervenciones fueron ubicadas cinco unidades dedicadas, según el reporte policial, a la extracción ilícita de minerales. En estos lugares fueron destruidas o dejadas fuera de funcionamiento seis excavadoras, cuatro dragas tipo buzo, ocho motobombas y tres motores industriales.
Las estimaciones entregadas por las autoridades indican que esta infraestructura tendría capacidad para extraer aproximadamente 9.520 gramos de oro al mes, producción que podría alcanzar un valor cercano a los $3.998 millones dentro del mercado ilegal.
A esa cifra se suma el impacto sobre la infraestructura empleada para la actividad minera. La Policía calculó en aproximadamente $3.198 millones la afectación ocasionada a la cadena logística tras la destrucción e inhabilitación de los equipos encontrados.
Autoridades señalan posible impacto sobre finanzas de grupo armado
Uno de los principales elementos señalados por la Policía es la posible relación entre esta explotación minera y las fuentes de financiación del GAO-r Frente Gerónimo Galeano, estructura alineada al Estado Mayor Central (EMC).
De acuerdo con la información oficial, ese grupo obtendría recursos mediante el cobro extorsivo equivalente a cerca del 15 % de la producción mensual generada por estas actividades.
Bajo ese cálculo, las autoridades estiman que la intervención podría representar una afectación cercana a los $599 millones para las finanzas de esta estructura armada. La cifra corresponde a una estimación policial basada en la producción que habrían tenido las unidades intervenidas.
Operación también se concentró sobre el río Saldaña
Además del componente económico y de seguridad, la operación estuvo dirigida a frenar afectaciones ambientales relacionadas con la extracción ilegal de minerales en el río Saldaña.
Las autoridades advirtieron sobre los riesgos derivados del uso de sustancias químicas como el mercurio, utilizado en procesos de extracción y procesamiento de minerales y asociado con contaminación de fuentes hídricas y afectaciones a los ecosistemas.
El teniente coronel Michael Leal Leal, comandante encargado del Departamento de Policía Tolima, indicó que el procedimiento hace parte de las acciones contra las estructuras que obtienen recursos de la minería ilícita y contra la infraestructura utilizada para mantener esta actividad en el sur del departamento.
Tras el operativo, la Policía pidió a los habitantes reportar actividades relacionadas con explotación ilícita de minerales o hechos que puedan afectar los recursos naturales. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 123 o directamente ante las patrullas de Policía. Según la institución, la información suministrada será manejada bajo reserva.
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27 mujeres víctimas de violencia buscaron protección en Casa Refugio de Ibagué
La violencia contra las mujeres sigue dejando víctimas que necesitan protección en Ibagué. En lo corrido de 2026, un total de 27 mujeres y 25 personas dependientes han recibido atención en Casa Refugio, un programa municipal dirigido a quienes enfrentan situaciones de violencia y requieren medidas de seguridad ordenadas por las autoridades competentes.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Según la información entregada por la Administración Municipal, la estrategia registra 52 personas atendidas este año, entre mujeres afectadas y personas que dependen de ellas.
Sin embargo, el acceso a este espacio no es directo. Para ingresar, las víctimas deben contar con una medida de atención expedida por una autoridad administrativa, específicamente por las Comisarías de Familia, encargadas de determinar cuándo una mujer necesita protección y acompañamiento integral.
Durante el tiempo establecido en dicha medida, Casa Refugio ofrece alojamiento en un entorno protegido y acompañamiento a las beneficiarias mientras enfrentan las consecuencias de las situaciones de violencia.
Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social Comunitario, Claudia Aristizábal, explicó que la atención busca proporcionar herramientas para que las mujeres puedan tomar decisiones relacionadas con su seguridad.
“Cuando una mujer llega a Casa Refugio, necesita saber que hay una institucionalidad que la escucha y que está dispuesta a acompañarla. Nuestro propósito es brindar protección, atención y las herramientas necesarias para que pueda avanzar en su proceso y tomar decisiones que le permitan estar a salvo”, afirmó la funcionaria.
¿Qué pueden hacer las mujeres que enfrentan situaciones de violencia?
Las mujeres que requieran orientación pueden comunicarse con la línea No Estás Sola, al número 312 270 6494, disponible las 24 horas del día.
Este canal permite recibir información sobre la Comisaría de Familia correspondiente a su lugar de residencia, los procedimientos para presentar una denuncia ante la Fiscalía y las rutas de atención disponibles según el tipo de violencia identificado.
Además, contempla orientación psicosocial y jurídica de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
Es importante precisar que esta línea funciona como un servicio de orientación y no reemplaza la atención de emergencias. Cuando exista una amenaza inmediata contra la vida o la integridad de una persona, se debe acudir directamente a las autoridades y los canales de emergencia correspondientes.
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