Palocabildo recibe patrulla policial nueva tras años sin renovación
Una patrulla nueva de la Policía Nacional fue entregada este jueves en el municipio de Palocabildo, al norte del Tolima, como resultado de un convenio interadministrativo entre la Gobernación del Tolima y la Alcaldía municipal, con el objetivo de reforzar la capacidad operativa policial en zonas urbanas y rurales donde no se contaba con presencia permanente.
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El vehículo, adquirido mediante una inversión conjunta de 252 millones de pesos —182 millones aportados por el nivel departamental y 70 millones por el municipio—, será destinado a labores de vigilancia, patrullaje y atención de emergencias en el territorio.
De acuerdo con lo informado durante el acto de entrega, esta es la primera vez que Palocabildo recibe una patrulla completamente nueva, luego de varios años en los que los vehículos asignados al municipio correspondían a unidades usadas o con limitaciones operativas.
Alfredo Bocanegra, secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, indicó que la entrega hace parte de las acciones que se desarrollan en distintos municipios del departamento para fortalecer los recursos logísticos de la Policía.
“Se trata de dotar a las autoridades de herramientas que permitan mejorar la capacidad de respuesta en el territorio, en coordinación con las administraciones locales”, señaló.
Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Jhon Anderson Vargas Izao, explicó que el vehículo permitirá reducir los tiempos de atención ante llamados ciudadanos y ampliar el cubrimiento policial, especialmente en sectores rurales que presentan dificultades de acceso.
Desde la administración municipal se informó que no se recibía una patrulla desde hace más de seis años, situación que había limitado la movilidad de los uniformados y la atención de incidentes en zonas alejadas del casco urbano.
La entrega se enmarca dentro de los planes departamentales de seguridad impulsados desde la Gobernación del Tolima, los cuales contemplan dotación vehicular y fortalecimiento institucional en municipios con alta dispersión geográfica.
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Gobernadora del Tolima advierte impacto regional tras suspensión de emergencia
La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano, una decisión que generó reacción inmediata de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien se pronunció públicamente tras conocerse la determinación del alto tribunal.
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La mandataria departamental se refirió a la medida luego de que la Corte anunciara que el decreto quedará sin efectos mientras la Sala Plena emite un fallo de fondo. La decisión fue adoptada en medio del análisis jurídico sobre la constitucionalidad del acto legislativo expedido el pasado 22 de diciembre de 2025.
A través de un mensaje divulgado en redes sociales, Matiz aseguró que respeta la independencia de la justicia colombiana y señaló que la suspensión del decreto mantiene, según su posición, una protección constitucional frente a decisiones que podrían afectar las finanzas regionales. En su declaración, la gobernadora cuestionó el impacto que tendría la emergencia económica sobre la autonomía territorial y la inversión social en sectores como salud, educación y deporte, especialmente en regiones apartadas del país.
“El país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas ni debilitando su independencia”, afirmó la gobernadora en su pronunciamiento público.
Por su parte, la Corte Constitucional informó que la suspensión del decreto se mantendrá vigente hasta que se adopte una decisión definitiva. En el mismo comunicado, el tribunal precisó que los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González y Natalia Ángel Cabo presentaron aclaraciones frente a la determinación adoptada.
La discusión jurídica sobre el alcance del decreto y sus efectos fiscales y sociales continuará en manos del alto tribunal, mientras el país permanece a la espera del fallo que definirá el futuro del estado de emergencia económica declarado por el Gobierno Nacional.
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