Robo millonario sacude empresa química en Ibagué
Un robo de alto impacto fue denunciado en las últimas horas en una sede de la empresa Cloroquímicos, ubicada en el centro de Ibagué, donde delincuentes aún no identificados ingresaron al inmueble, sustrajeron cerca de 50 millones de pesos en efectivo y se llevaron el sistema de grabación de seguridad, en un hecho ocurrido recientemente y que es materia de investigación por parte de las autoridades._
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Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El hurto se registró en un establecimiento localizado sobre la carrera Sexta, entre calles 29 y 30, una de las zonas con mayor flujo comercial de la ciudad. Según información preliminar conocida por este medio, los responsables habrían accedido al lugar a través del techo, evitando así puntos de ingreso convencionales.
Una vez dentro, los individuos se dirigieron directamente al área administrativa, donde causaron daños a las cámaras de vigilancia y revolvieron documentos y mobiliario hasta ubicar el dinero en efectivo. Además del monto sustraído, los delincuentes retiraron el dispositivo que almacenaba las grabaciones del sistema de seguridad.
Fuentes cercanas al caso indicaron que el comportamiento de los responsables resulta llamativo, ya que no revisaron otras dependencias ni se llevaron equipos electrónicos u otros bienes de valor, lo que sugiere que tenían información previa sobre la ubicación exacta del dinero y actuaron con un objetivo específico.
“Todo apunta a que sabían qué buscar y dónde encontrarlo”, señaló una fuente vinculada a la investigación, quien pidió reserva de su identidad.
Las autoridades adelantan las labores judiciales correspondientes, incluyendo la recolección de pruebas, entrevistas y el análisis de posibles rutas de escape, con el fin de esclarecer el hecho y establecer responsabilidades.
Las autoridades invitan a la ciudadanía a suministrar información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, a través de los canales oficiales de denuncia.
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Gobernadora del Tolima advierte “raponazo” fiscal a los departamentos
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, cuestionó públicamente el Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el Gobierno Nacional el 29 de diciembre de 2025, al considerar que la norma afecta la autonomía financiera de los departamentos, reduce su capacidad de recaudo y traslada recursos territoriales a la Nación, durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND).
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Durante su intervención ante mandatarios regionales, Matiz sostuvo que el decreto representa una medida de centralización fiscal que impacta directamente las finanzas departamentales. Según afirmó, la norma obliga a transferir a la Nación cualquier ingreso que supere el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2025 y 2026, además de imponer liquidaciones mensuales y giros en un plazo máximo de 15 días.
“Es un asalto centralista a las entidades territoriales y un raponazo a los recursos de los departamentos”, expresó la gobernadora al referirse a los efectos del decreto sobre el recaudo regional.
Uno de los puntos señalados fue el artículo 15, parágrafo segundo, que —según explicó— limita los incentivos para mejorar la gestión fiscal en los territorios, ya que los esfuerzos adicionales de recaudo no permanecerían en los departamentos. Para Matiz, esta disposición penaliza la eficiencia administrativa y reduce la capacidad de respuesta local.
En el ámbito jurídico, la mandataria planteó que el decreto presenta vacíos en su sustento técnico y legislativo. Argumentó que no existiría una conexión material clara entre la declaratoria de emergencia económica y la apropiación de impuestos territoriales, además de advertir una posible vulneración del principio de certeza tributaria establecido en el artículo 338 de la Constitución Política.
La gobernadora también alertó sobre posibles efectos colaterales en la lucha contra el contrabando de licores. Citando datos de la Federación Nacional de Departamentos, recordó que cerca del 29 % del licor consumido en el país es adulterado o de contrabando, y señaló que los cambios introducidos por el decreto podrían debilitar los controles actuales, con impactos en la salud pública y en la demanda de servicios de urgencias.
“Se corre el riesgo de aumentar una problemática que ya afecta gravemente a los departamentos, sin contar con los recursos suficientes para enfrentar sus consecuencias”, afirmó.
Como cierre de su intervención, Matiz instó a los gobernadores a evaluar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente al decreto, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional y construir una posición conjunta sobre lo que calificó como una afectación estructural a la autonomía fiscal de los entes territoriales.
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