Tolima busca reducir cifra de quemados mediante regulación del uso de pólvora
La Gobernación del Tolima, a través de su Dirección de Participación, emitió un llamado urgente a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a las familias del departamento para restringir el uso de pólvora durante las festividades de fin de año. La medida, respaldada por directrices de la Procuraduría General de la Nación, busca mitigar el riesgo de lesiones permanentes en la población, así como reducir el impacto ambiental y sonoro que afecta a la fauna local.
La iniciativa se fundamenta en la Circular 013 del 19 de noviembre de 2025 y el Directivo 018 de la Procuraduría, documentos que establecen la responsabilidad de los líderes comunitarios y mandatarios locales en la vigilancia de estos elementos. Marlén Rozo, directora de Participación del Tolima, enfatizó la necesidad de un cambio en las prácticas culturales para evitar consecuencias clínicas irreversibles.
Por: Editor Región. Tolima7dias.com.co
Comunicado a la Opinión Pública
“La pólvora es un enemigo muy grande de todos los seres humanos; no solamente de los niños, también de los adultos y de los animalitos a quienes afecta tanto. Es algo que hace mucho mal al medio ambiente, que contamina”, señaló Rozo.
El enfoque de la administración departamental subraya que las lesiones por pirotecnia no solo representan una crisis de salud pública, sino que conllevan una carga social y familiar considerable. Según la funcionaria, la participación de las comunidades organizadas es determinante para evitar casos de personas con amputaciones o quemaduras graves. “No permitamos que nuestras familias caigan en esa trampa”, advirtió.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha recordado que los mandatarios locales tienen la obligación legal de regular y controlar la fabricación, comercialización y detonación de artefactos explosivos en sus respectivos territorios. El organismo de control enfatiza que la protección de niños, niñas y adolescentes es una prioridad, especialmente ante el ruido y la toxicidad de estos materiales.
Las autoridades departamentales instan a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad en la venta de estos productos y a optar por celebraciones que no comprometan la integridad física de los habitantes ni el bienestar de los animales domésticos y silvestres.
Para más información: Consulte la Circular 013 de 2025 en los canales oficiales de la Gobernación del Tolima o diríjase a la oficina de la Dirección de Participación para conocer los protocolos de seguridad comunal.
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Presión por La Colosa: cuestionan apelaciones tras fallo ambiental
Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
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El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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