Una investigación de ocho meses terminó con la captura de 10 personas que, según las autoridades, integrarían el grupo delincuencial “Los Andariegos”, señalado de operar una red de comercialización de estupefacientes en sectores de la comuna 8 de Ibagué. Los procedimientos se realizaron en cuatro barrios y dejaron, además, armas, marihuana y dinero en efectivo incautados.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
La operación fue adelantada por la Policía Nacional, a través de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Ibagué, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía Especializada Antinarcóticos. En total fueron ejecutadas 10 diligencias de registro y allanamiento, con nueve capturas mediante orden judicial y una en flagrancia.
Un negocio que, según la investigación, movía millones
De acuerdo con las autoridades, la estructura habría desarrollado actividades de microtráfico durante aproximadamente dos años y generado rentas criminales cercanas a los $3 millones diarios mediante la venta de sustancias estupefacientes.
La principal zona de influencia identificada fue el sector conocido como “La Chuquía” o “La Pioja”, en el barrio Jardín Santander. Allí, según la investigación, los presuntos integrantes aprovechaban las condiciones del terreno para esconder las sustancias debajo de rocas, entre raíces de árboles y en cambuches improvisados.
Los investigadores también establecieron que, presuntamente, se realizaban relevos cada 12 horas para mantener activa la operación y reducir las posibilidades de intervención de las autoridades.
Uno de los elementos centrales de la investigación fueron 24 compras controladas de estupefacientes, realizadas mediante la participación de un agente encubierto. Según la Policía, estas actuaciones permitieron recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con la presunta actividad ilícita.
Diez capturas y antecedentes judiciales
Entre los detenidos se encuentra Miguel Botero, alias “Paisa”, señalado como presunto cabecilla y encargado, según la investigación, del almacenamiento, dosificación y comercialización de las sustancias. Las autoridades reportaron que registra seis anotaciones judiciales por delitos como concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y estafa.
También fueron capturados Rosemberg Camargo, alias “Flaco”, con seis anotaciones; Janderson Moreno, alias “Tolima”, con dos; y Wilson Ortiz, alias “Guilo”, con cinco.
A ellos se suman Cristian Martin, alias “Gato”; William León, alias “Copete”; Heyder Conde, alias “Orejas”; Brayan Arias, alias “Veneno”; y José Velásquez, alias “Morocho”, quienes fueron requeridos por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La décima captura correspondió a Jorge Conde, detenido en flagrancia por el delito relacionado con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Durante el procedimiento se incautó un revólver calibre .38 marca Smith & Wesson.
Marihuana, armas y dinero entre lo incautado
El operativo dejó como resultado la incautación de más de 389 gramos de marihuana, dos armas de fuego tipo revólver y $354.000 en efectivo. Los elementos fueron entregados a la autoridad competente para continuar con el proceso judicial.
De los 10 capturados, seis recibieron medida de aseguramiento, mientras que los otros cuatro permanecen vinculados al proceso en libertad.
La Policía Metropolitana de Ibagué señaló que continuará adelantando investigaciones contra estructuras relacionadas con el tráfico local de estupefacientes. El comandante de la institución, coronel Edgar Fernando López González, afirmó que las acciones buscan afectar las economías ilegales y las estructuras que, según las investigaciones, operan en distintos sectores de la ciudad.
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El salario mínimo se mantiene en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para quienes tienen derecho a recibirlo.
Las demandas ante el Consejo de Estado no implican una reducción salarial ni obligan a devolver los recursos recibidos
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Por: Oficina de prensa del ministerio del trabajo. tolima7dias.com.co
El Ministerio del Trabajo envía un mensaje de tranquilidad a millones de colombianos: el salario mínimo de 2026 continúa vigente, no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver dinero por las demandas que actualmente estudia el Consejo de Estado. La cartera laboral desmiente las versiones sobre una supuesta eliminación del incremento del 23% y reitera que los valores establecidos deben seguir aplicándose conforme a la normativa vigente.
El Ministerio precisa que el salario mínimo mensual continúa en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para un total de $2.000.000 mensuales para quienes tienen derecho a este beneficio. Asimismo, aclara que la existencia de demandas judiciales no modifica por sí misma las obligaciones salariales ni genera la devolución de los recursos recibidos. La decisión sobre la legalidad del decreto corresponde exclusivamente al Consejo de Estado, cuya independencia y competencia son plenamente respetadas por esta cartera.
"A los colombianos les decimos con absoluta claridad: el salario mínimo sigue vigente y nadie tiene que devolver un solo peso por las demandas en curso. No vamos a permitir que la desinformación juegue con la tranquilidad de millones de familias. Desde el Ministerio del Trabajo actuamos con responsabilidad, respetamos la justicia y mantenemos nuestro compromiso con la protección de los ingresos y los derechos laborales", afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.
El Ministerio del Trabajo reitera que los derechos laborales se respetan, los salarios se pagan conforme a la ley y la tranquilidad de las familias colombianas no puede estar sujeta a rumores ni desinformación. La entidad continuará vigilando el cumplimiento de las disposiciones vigentes y brindando orientación a través de sus direcciones territoriales y canales oficiales. El mensaje es claro: el salario mínimo sigue vigente, los recursos recibidos no deben devolverse por las demandas en curso y los colombianos pueden confiar en que el Ministerio actuará con transparencia, responsabilidad y firmeza en la protección de sus derechos.
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