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Editorial

Alcalde de Ibagué, personera y otros funcionarios sancionados por desacato

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, la Personera Municipal, Francy Johana Ardila, y el secretario de Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo, han sido nuevamente sancionados por un caso de desacato a

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El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, la Personera Municipal, Francy Johana Ardila, y el secretario de Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo, han sido nuevamente sancionados por un caso de desacato a una sentencia de la Corte Constitucional.

En esta ocasión, el juez Décimo Penal Municipal de Ibagué ordenó quince días de arresto y una multa de $17.400.000 para cada uno de los funcionarios por no cumplir con la construcción de un puente en el sector de Coello Cocora, zona rural de la ciudad.

La decisión del juez se basa en la sentencia T366-2020 de la Corte Constitucional, la cual ordenaba la construcción del puente desde el año 2020. A pesar de esta orden, los funcionarios no llevaron a cabo la construcción, lo que llevó a la comunidad a presentar una acción de tutela por desacato.

En esta ocasión, la sanción impuesta es más severa que en casos anteriores, ya que implica la privación de la libertad en una institución de la Policía, en lugar de arresto domiciliario.

El abogado Joaquín Torres, asesor de la parte accionante, destacó que los funcionarios llevan tres años incumpliendo la orden de la Corte y que, en esta oportunidad, se acumularon dos tutelas en un solo fallo, a pesar de tratarse de situaciones diferentes.

El puente peatonal sobre el río Cocora es de especial relevancia debido a las condiciones de movilidad de los menores en la zona, quienes deben cruzar por una estructura de bambú, lo que pone en riesgo su seguridad. La decisión del juez resalta la gravedad del desacato y la importancia de acatar las decisiones judiciales en beneficio de la comunidad.

Los funcionarios no cuentan con recursos legales para presentar ante esta sanción, lo que indica que el cumplimiento de la misma es inminente. Esta situación subraya la responsabilidad de los funcionarios públicos de cumplir con las decisiones legales y de velar por el bienestar de la comunidad que representan.

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