La FLIP denuncia que Ejército aún perfila a medios de comunicación en el país
La ONG de periodistas dijo que el Ejército tendría $3.573 millones para la contratación de un software y que no hay mecanismos para evitar seguimientos irregulares.
Tras los escándalos por perfilamientos a periodistas, defensores de derechos humanos y otros personajes de la vida nacional en los últimos años, lejos de eliminar esta práctica, los organismos de inteligencia del país continuarían utilizando las herramientas de seguimiento digital y hasta planean hacerse a otras nuevas.
Así lo reveló la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que emprendió una indagación a partir de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya y con base en varios derechos de petición que les envió a distintas entidades oficiales que tienen que ver con el tema de seguridad nacional.
El informe detalla el perfilamiento a un grupo abultado de medios de comunicación de carácter regional, local, nacional e internacional que estarían siendo clasificados de acuerdo con la imagen favorable o desfavorable que reflejan de las Fuerzas Militares, a pesar de las condenas judiciales y del Consejo de Estado que ha habido por casos similares.
En un derecho de petición citado por la FLIP, la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial) aceptó que desde el año 2021 usa la plataforma WEBINT-OSINT-DEEPWEB para monitorear fuentes abiertas, proporcionando información sobre las personas e instituciones que revisten interés, como el contenido que publican en redes sociales, las imágenes y videos e incluso la geolocalización de las cuentas, lo cual conduce a tener un perfil detallado de ellos. Esa labor se realiza mediante un contrato con la Unión Temporal Phoenix, de la cual hace parte Mollitiam Industries, la misma firma ibérica proveedora del software con el que se efectuaron los perfilamientos y seguimientos a periodistas que se revelaron en 2020, entre los cuales estuvo María Alejandra Villamizar.
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Objeto Contractual, contrato de monitoreo a medios de comunicación[/caption]Una pregunta en el mismo sentido se la hicieron a las FF. MM. y pese a que la respuesta fue que no necesariamente la inteligencia sobre fuentes abiertas –es decir las que están disponibles para el público en general–, requiere de una tecnología especializada, esta ONG, que busca preservar la libertad de expresión en el ejercicio periodístico, asegura que tiene cómo demostrar que el año pasado Mollitiam pasó una propuesta y que el comando de la institución castrense destinó $4.000 millones para un software de ese tipo.
Aparte, añade que en el Plan de Adquisiciones de 2023 hay un presupuesto de $3.573 millones para un sistema de ciberinteligencia relacionado con el procesamiento de fuentes abiertas de información para “detectar, identificar, proteger, predecir, contrarrestar y neutralizar las amenazas emergentes”.
El problema para la FLIP es que esas capacidades de “Gran Hermano” en el pasado han sido direccionadas por la inteligencia militar a “objetivos no legítimos” o que no representan una amenaza real para el Estado, como periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas que protestaban o mantenían opiniones contrarias a las del Gobierno, y aún no existe una política pública al respecto que dé para pensar en un cambio en su uso.
Tampoco se trata de una práctica aislada, al punto de que desde 2019 las FF.MM. poseen un manual de técnicas sobre fuentes abiertas que sigue vigente. No obstante, no hay una veeduría efectiva sobre esas acciones de vigilancia, lo cual habría conllevado a que en ocasiones los ejecutores se hayan extralimitado en sus funciones.
“Por otro lado, la Ley de Inteligencia no define de manera legal la duración ni los límites del monitoreo cuando se trata de ‘fuentes abiertas de información’. Esto significa que es un tipo de vigilancia secreta que está fuera del control judicial”, dice la FLIP.
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Circular comando central 17 de Diciembre del 2019[/caption]De hecho, en otro de los apartes de la investigación, la FLIP indica que, valiéndose de una empresa externa, las Fuerzas Militares realizan un monitoreo de medios, con informes mensuales sobre sus contenidos con relación a temas como orden público y derechos humanos, y al final califican si su línea editorial les parece “positiva”, “negativa” o “neutra”.
Según los documentos filtrados –entre los que hay correos electrónicos y archivos anexos a estos– el perfilamiento se viene aplicando para 10 emisoras, 5 diarios impresos nacionales, 21 periódicos regionales -entre los cuales están 2 en el departamento del Tolima, 17 canales de televisión (nacionales, regionales y locales) y 22 medios internacionales.
“Es evidente que las autoridades siguen minimizando la dimensión e impáctos sobre los derechos de las personas que tienen el monitoreo de fuentes abiertas, sobre todo cuando recae sobre periodistas que informan sobre temas de interés público”, concluyó la FLIP, a la vez que instó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a instaurar controles para que las actividades de inteligencia, y en especial las relacionadas con la información que se nutre de fuentes abiertas, cumplan con los estándares de derechos humanos.
Descuentos de hasta 60% en Predial para vivienda VIS y VIPA
Los ciudadanos que hayan adquirido su primera vivienda de interés social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIPA) en Ibagué después del 17 de agosto de 2025 podrán solicitar descuentos de hasta el 60% en el impuesto Predial Unificado. El plazo para presentar la solicitud vence el 31 de marzo de 2026.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El beneficio aplica únicamente para quienes no superen ingresos equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes y hayan comprado su primera vivienda tras la aprobación del Acuerdo 023 por el Concejo Municipal.
El descuento será progresivo durante seis años. En 2026 será del 60%; en 2027, del 50%; en 2028, del 40%; en 2029, del 30%; en 2030, del 20%; y en 2031, del 10%. A partir de 2032, el contribuyente deberá pagar el 100% del impuesto.
La solicitud debe presentarse por escrito ante la Dirección de Rentas Municipal dentro de los primeros tres meses de cada año. Entre los requisitos se encuentran: certificado de tradición y libertad con vigencia no mayor a 30 días, declaración juramentada que acredite ingresos y condición de primera vivienda, y certificación de la constructora que confirme que el inmueble es VIS o VIPA.
El acceso al beneficio no se ve afectado si la vivienda fue adquirida mediante crédito hipotecario. Las autoridades podrán revocar el descuento si se comprueba que fue obtenido de manera fraudulenta. En caso de venta del inmueble, el propietario deberá asumir el pago total del impuesto correspondiente.
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