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La FLIP denuncia que Ejército aún perfila a medios de comunicación en el país

La FLIP denuncia que Ejército aún perfila a medios de comunicación en el país
28 de Feb, 2023

La ONG de periodistas dijo que el Ejército tendría $3.573 millones para la contratación de un software y que no hay mecanismos para evitar seguimientos irregulares.


Tras los escándalos por perfilamientos a periodistas, defensores de derechos humanos y otros personajes de la vida nacional en los últimos años, lejos de eliminar esta práctica, los organismos de inteligencia del país continuarían utilizando las herramientas de seguimiento digital y hasta planean hacerse a otras nuevas.

Así lo reveló la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que emprendió una indagación a partir de archivos filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya y con base en varios derechos de petición que les envió a distintas entidades oficiales que tienen que ver con el tema de seguridad nacional.

El informe detalla el perfilamiento a un grupo abultado de medios de comunicación de carácter regional, local, nacional e internacional que estarían siendo clasificados de acuerdo con la imagen favorable o desfavorable que reflejan de las Fuerzas Militares, a pesar de las condenas judiciales y del Consejo de Estado que ha habido por casos similares.

En un derecho de petición citado por la FLIP, la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial) aceptó que desde el año 2021 usa la plataforma WEBINT-OSINT-DEEPWEB para monitorear fuentes abiertas, proporcionando información sobre las personas e instituciones que revisten interés, como el contenido que publican en redes sociales, las imágenes y videos e incluso la geolocalización de las cuentas, lo cual conduce a tener un perfil detallado de ellos. Esa labor se realiza mediante un contrato con la Unión Temporal Phoenix, de la cual hace parte Mollitiam Industries, la misma firma ibérica proveedora del software con el que se efectuaron los perfilamientos y seguimientos a periodistas que se revelaron en 2020, entre los cuales estuvo María Alejandra Villamizar.

[caption id="attachment_2568" align="aligncenter" width="680"] Objeto Contractual, contrato de monitoreo a medios de comunicación[/caption]

Una pregunta en el mismo sentido se la hicieron a las FF. MM. y pese a que la respuesta fue que no necesariamente la inteligencia sobre fuentes abiertas –es decir las que están disponibles para el público en general–, requiere de una tecnología especializada, esta ONG, que busca preservar la libertad de expresión en el ejercicio periodístico, asegura que tiene cómo demostrar que el año pasado Mollitiam
 pasó una propuesta y que el comando de la institución castrense destinó $4.000 millones para un software de ese tipo.

Aparte, añade que en el Plan de Adquisiciones de 2023 hay un presupuesto de $3.573 millones para un sistema de ciberinteligencia relacionado con el procesamiento de fuentes abiertas de información para “detectar, identificar, proteger, predecir, contrarrestar y neutralizar las amenazas emergentes”.

El problema para la FLIP es que esas capacidades de “Gran Hermano” en el pasado han sido direccionadas por la inteligencia militar a “objetivos no legítimos” o que no representan una amenaza real para el Estado, como periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas que protestaban o mantenían opiniones contrarias a las del Gobierno, y aún no existe una política pública al respecto que dé para pensar en un cambio en su uso.

Tampoco se trata de una práctica aislada, al punto de que desde 2019 las FF.MM. poseen un manual de técnicas sobre fuentes abiertas que sigue vigente. No obstante, no hay una veeduría efectiva sobre esas acciones de vigilancia, lo cual habría conllevado a que en ocasiones los ejecutores se hayan extralimitado en sus funciones.

“Por otro lado, la Ley de Inteligencia no define de manera legal la duración ni los límites del monitoreo cuando se trata de ‘fuentes abiertas de información’. Esto significa que es un tipo de vigilancia secreta que está fuera del control judicial”, dice la FLIP.

[caption id="attachment_2569" align="aligncenter" width="488"] Circular comando central 17 de Diciembre del 2019[/caption]

De hecho, en otro de los apartes de la investigación, la FLIP indica que, valiéndose de una empresa externa, las Fuerzas Militares realizan un monitoreo de medios, con informes mensuales sobre sus contenidos con relación a temas como orden público y derechos humanos, y al final califican si su línea editorial les parece “positiva”, “negativa” o “neutra”.

Según los documentos filtrados –entre los que hay correos electrónicos y archivos anexos a estos– el perfilamiento se viene aplicando para 10 emisoras, 5 diarios impresos nacionales, 21 periódicos regionales -entre los cuales están 2 en el departamento del Tolima, 17 canales de televisión (nacionales, regionales y locales) y 22 medios internacionales.

“Es evidente que las autoridades siguen minimizando la dimensión e impáctos sobre los derechos de las personas que tienen el monitoreo de fuentes abiertas, sobre todo cuando recae sobre periodistas que informan sobre temas de interés público”, concluyó la FLIP, a la vez que instó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a instaurar controles para que las actividades de inteligencia, y en especial las relacionadas con la información que se nutre de fuentes abiertas, cumplan con los estándares de derechos humanos.

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"El salario mínimo no se baja y nadie tiene que devolver un solo peso": Gobierno nacional

Video: Natalia López Fuentes Ministra del trabajo Colombia. tolima7dias.com.co
11 de Oct, 2026

 

El salario mínimo se mantiene en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para quienes tienen derecho a recibirlo.

Las demandas ante el Consejo de Estado no implican una reducción salarial ni obligan a devolver los recursos recibidos

 

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Por: Oficina de prensa del ministerio del trabajo. tolima7dias.com.co

 

El Ministerio del Trabajo envía un mensaje de tranquilidad a millones de colombianos: el salario mínimo de 2026 continúa vigente, no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver dinero por las demandas que actualmente estudia el Consejo de Estado. La cartera laboral desmiente las versiones sobre una supuesta eliminación del incremento del 23% y reitera que los valores establecidos deben seguir aplicándose conforme a la normativa vigente.

 

El Ministerio precisa que el salario mínimo mensual continúa en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para un total de $2.000.000 mensuales para quienes tienen derecho a este beneficio. Asimismo, aclara que la existencia de demandas judiciales no modifica por sí misma las obligaciones salariales ni genera la devolución de los recursos recibidos. La decisión sobre la legalidad del decreto corresponde exclusivamente al Consejo de Estado, cuya independencia y competencia son plenamente respetadas por esta cartera.

 

"A los colombianos les decimos con absoluta claridad: el salario mínimo sigue vigente y nadie tiene que devolver un solo peso por las demandas en curso. No vamos a permitir que la desinformación juegue con la tranquilidad de millones de familias. Desde el Ministerio del Trabajo actuamos con responsabilidad, respetamos la justicia y mantenemos nuestro compromiso con la protección de los ingresos y los derechos laborales", afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

 

El Ministerio del Trabajo reitera que los derechos laborales se respetan, los salarios se pagan conforme a la ley y la tranquilidad de las familias colombianas no puede estar sujeta a rumores ni desinformación. La entidad continuará vigilando el cumplimiento de las disposiciones vigentes y brindando orientación a través de sus direcciones territoriales y canales oficiales. El mensaje es claro: el salario mínimo sigue vigente, los recursos recibidos no deben devolverse por las demandas en curso y los colombianos pueden confiar en que el Ministerio actuará con transparencia, responsabilidad y firmeza en la protección de sus derechos.

 

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