Resultados contra el homicidio en Tolima. La Fiscalía judicializó a tres presuntos responsables de cuatro homicidios. Se trata de hechos diferentes ocurridos en Tolima. En uno de los casos hubo dos víctimas.
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Por: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Tolima7dias.com.co
Dos despachos de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima obtuvieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres hombres, presuntamente implicados en delitos como: homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Estos hechos ocurrieron en zona rural de San Luis, Chaparral y el norte de Tolima, en 2023.
Se trata de Juan David Villanueva Varón, Édgar Andrés Prieto Santos y Kevin Alexánder Fula Vanegas, quienes negaron su responsabilidad frente a los cargos imputados en su contra. Todos los investigados fueron enviados a la cárcel, mientras avanzan las respectivas investigaciones.
Uno de los casos, se presume, estaría relacionado con el actuar delictivo de grupos de delincuencia común organizada en el norte de Tolima. Otro hecho se relaciona con un homicidio ocurrido en medio de un acto de intolerancia.
Doble homicidio
En el proceso que se sigue contra Juan David Villanueva Varón, alias Yumi, las víctimas serían un hombre de 81 años; y otro, de 50 años. De acuerdo con la investigación, este joven, de 25 años, estuvo presente en el lugar de los hechos.
El doble crimen ocurrió la noche del 31 de marzo de 2023 en una finca de propiedad del adulto mayor, ubicada en zona rural del corregimiento de Payandé en San Luis (Tolima). Allí, cuatro hombres a bordo de dos motocicletas sorprendieron al adulto mayor a quien se cree golpearon e hirieron de gravedad en el cuello con arma blanca. Metros más adelante fue encontrado el otro hombre con heridas similares.
Servidores del CTI y la Policía Nacional hicieron efectivas las capturas contra los tres hombres.
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Una carta abierta dirigida al Gobierno Nacional y a Cortolima reactivó el debate sobre el proyecto minero La Colosa, en Cajamarca, al cuestionar la permanencia de recursos de apelación contra un fallo judicial que ordenó suspender actividades en la zona desde 2016. El pronunciamiento plantea dudas sobre la postura institucional frente a la protección ambiental y la posible reactivación del proyecto.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El documento, difundido públicamente, solicita explicaciones sobre la decisión de no retirar las apelaciones interpuestas contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima, emitida el 10 de octubre de 2016, que ordenó detener toda actividad minera y de infraestructura en áreas consideradas de alta sensibilidad ambiental.
En la comunicación se formulan cuestionamientos directos: “¿Por qué razón el actual Gobierno Nacional no ha desistido del recurso de apelación?” y, en el mismo sentido, se pide a Cortolima aclarar por qué mantiene su posición frente a un fallo que, según el texto, “amparó el derecho al goce de un medio ambiente sano”.
El proyecto La Colosa, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, ha sido objeto de controversia durante años debido a su posible impacto sobre fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos en el municipio de Cajamarca. La sentencia de 2016 marcó un punto de inflexión en la discusión ambiental en el país, pero el proceso continúa sin decisión definitiva en el Consejo de Estado.
La carta advierte que, a pocos meses de cumplirse una década del fallo, persiste la incertidumbre jurídica. “La comunidad colombiana, la ciudadanía cajamarcuna y los tolimenses esperan explicaciones claras”, señala el documento, en referencia a la falta de avances en el alto tribunal y a los recientes movimientos del expediente.
Otro de los aspectos señalados es la presunta coincidencia de posturas entre el Gobierno, Cortolima y la empresa minera. “Deben explicar por qué siguen haciendo causa común con la multinacional para que se reactive La Colosa”, se indica en la comunicación, lo que ha generado cuestionamientos sobre una eventual reactivación del proyecto.
Además, el texto menciona que no habría objeciones frente a una posible cesión de derechos del proyecto a otra compañía minera, pese a la consulta popular realizada en Cajamarca en 2017, en la que la ciudadanía rechazó la actividad minera en su territorio.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de respuestas públicas por parte de las autoridades, en un caso que sigue sin resolverse y que mantiene abierta la discusión sobre minería, decisiones judiciales y participación ciudadana en el país.
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