Por: Michael Steven Mejía Ospina, experto en Gestión comercial y de negocios de la UNAD, Defensor de Derechos Humanos, representante de las personas con discapacidad, personas vulnerables y de todos los colombianos. Columnista invitado tolima7dias.com.co

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Cada madrugada que nos trae una nueva tragedia vial, el alma de Colombia se estremece. Hoy, volvemos a confrontar la crueldad de la irresponsabilidad al volante con la lamentable noticia de un accidente que arrebató la vida a seis personas. Y una vez más, la sombra de la embriaguez se cierne sobre el asfalto teñido de sangre. No es un error, no es un descuido: es una decisión fatal que sigue sembrando luto y desesperanza en nuestras familias y comunidades.

La sociedad colombiana ha llorado, y sigue llorando, tragedias como la ocurrida el 13 de septiembre de 2021 en Gaira, Santa Marta. Aquella madrugada, el empresario Enrique Vives Caballero, al mando de su camioneta, no solo condujo bajo el influjo del alcohol y el exceso de velocidad, sino que se llevó consigo a siete jóvenes, segando la vida de seis de ellos: Rafaela Petit (30), María Camila Martínez (24), Camila Romero (18), Leonir Romero (17), y otros dos menores de edad. Una estela de dolor que marcó para siempre a esas familias y a una nación entera que vio, una vez más, cómo la vida joven era truncada por la imprudencia.

El caso de Vives Caballero, que culminó con una condena de 7 años y 6 meses de prisión por homicidio culposo agravado bajo un preacuerdo con la Fiscalía, y una prisión domiciliaria tras indemnizar a las víctimas, es un recordatorio amargo de las complejidades y, a veces, las frustraciones del sistema judicial. Si bien la justicia actuó, el desenlace para muchos fue insuficiente ante la magnitud de la pérdida.

Y es en este escenario de dolor y reclamo por justicia que nos encontramos hoy, con la noticia de que el señor Enrique Vives Caballero aparece en la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella. Esta situación, que ha generado un profundo malestar en la opinión pública, nos obliga a reflexionar sobre la coherencia entre el discurso político y las acciones de quienes buscan liderar nuestra nación.

El doctor De la Espriella, quien ha enarbolado la bandera de la justicia y la mano dura en su plataforma presidencial, debe ser consciente del mensaje que envía al electorado al incluir en su círculo a una figura que simboliza la tragedia de la embriaguez al volante. La indignación no es solo por la imprudencia cometida, sino por la percepción de que la impunidad, o al menos un tratamiento judicial indulgente, puede extenderse a otros ámbitos de la vida pública. La política, más que cualquier otro espacio, exige una impecable ética y un compromiso inquebrantable con los valores que se pretenden defender. La presencia de Vives Caballero en esta campaña ensombrece, sin duda, la credibilidad de un mensaje que clama por un país más seguro y justo.

Un Llamado Urgente a la Conciencia y la Aplicación Rigurosa de la Ley

No podemos permitir que el alcohol siga siendo un cómplice silencioso de la muerte en nuestras carreteras. Es un imperativo ético y social que todos, desde el conductor ocasional hasta el legislador, asumamos nuestra responsabilidad.

La legislación colombiana ha avanzado en esta materia, pero su aplicación debe ser férrea y sin excepciones. Recordemos las principales armas legales con las que contamos:

- La Ley 1696 de 2013: Esta ley es contundente. Modificó el Artículo 110 del Código Penal, estableciendo que el homicidio culposo cometido por un conductor ebrio (con grado de alcoholemia igual o superior al 1° o bajo el efecto de sustancias psicoactivas) y que haya sido determinante en la ocurrencia del hecho, conlleva un aumento de la pena de las dos terceras partes al doble, tanto en la pena principal como en la accesoria. Esto significa que la cárcel no es una opción lejana, sino una consecuencia directa y amplificada para quien, borracho, quita una vida.
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- Sanciones Administrativas Drásticas: Más allá de la cárcel, la ley contempla la suspensión o cancelación definitiva de la licencia de conducción, con periodos que pueden extenderse hasta 25 años antes de poder solicitar una nueva. Las multas económicas son de las más elevadas en el país y se actualizan anualmente, buscando impactar el bolsillo del infractor.
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- Compulsa de Copias a la Fiscalía: La ley garantiza que las decisiones administrativas de cancelación de licencia sean comunicadas a la Fiscalía General de la Nación para que esta adelante la respectiva investigación penal.
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- El debate sobre el Dolo Eventual: La justicia colombiana debe seguir explorando la posibilidad de calificar estas conductas no solo como culpa con representación, sino como dolo eventual. Cuando un conductor se embriaga y decide tomar el volante, sabe que está asumiendo un riesgo altísimo de causar un daño irreparable. Al aceptar ese riesgo, aunque no quiera la muerte de nadie, su conducta se acerca peligrosamente a la figura del dolo eventual, lo que implicaría penas mucho más severas, dado que el dolo es la intención de delinquir.

¡Basta ya de más sangre en el asfalto! Hago un llamado a cada conductor: la vida de los demás y la tuya propia valen más que un momento de euforia irresponsable. No permitas que el alcohol o las drogas te conviertan en un arma mortal. Designa un conductor sobrio, utiliza un taxi o una aplicación, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, tomes el volante si has consumido.

Y a nuestras autoridades, un llamado vehemente: que la ley se aplique con todo su peso, sin distinción de nombre o posición social. Que la justicia sea una luz que guíe y una barrera que detenga la tragedia, y no un laberinto de preacuerdos que desdibujen la magnitud del daño causado. La sociedad exige cero tolerancia y justicia plena para que ninguna familia más tenga que lamentar la pérdida de sus seres queridos por la imprudencia de un conductor ebrio. Es el momento de que la conciencia se imponga y la responsabilidad sea nuestra guía en cada kilómetro de vida.

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