Tres funcionarias de Petro se van de sus cargos de manera cuestionada, les contamos detalles
A pocos días de que el presidente Gustavo Petro cumpla un año en el poder, ya se han registrado varios escándalos que llevaron a la renuncia de dos ministras y su jefa de gabinete. Estos casos están siendo investigados por la justicia para determinar cualquier posible irregularidad.
Irene Vélez, que estuvo al frente del Ministerio de Minas y Energías, también María Isabel Urrutia, exministra de Deportes, y Laura Sarabía, que ocupaba el cargo de jefa de gabinete presidencial.
Estos casos han generado un ambiente de incertidumbre y pusieron a prueba la capacidad del Gobierno para enfrentar y resolver estas situaciones.
Renuncia y polémica de Irene Vélez
El 19 de julio de 2023, se confirmó la renuncia de Irene Vélez en medio de controversias que pusieron en tela de juicio su gestión en el Gobierno de Gustavo Petro. Aunque el mandatario la había defendido en otras ocasiones, los últimos escándalos la llevaron a tomar la decisión de apartarse del cargo.
La situación se agravó cuando varios medios de comunicación revelaron que un funcionario de Migración recibió llamadas y correos para permitir la salida irregular del país de su hijo menor. Ante estas acusaciones, Irene Vélez decidió presentar su renuncia, aseguró que lo hacía con profundo respeto por la institucionalidad y para evitar que las investigaciones interfirieran con la ejecución del programa del Gobierno.
La exministra también fue cuestionada previamente por entregar cifras erradas de macroeconomía en un foro mundial y por un contrato de su esposo en el Fondo Colombia en Paz, adscrito a la Presidencia de la República.
Escándalo y controversia de Laura Sarabia
Laura Sarabia, ex jefa de gabinete, presentó su carta de renuncia el pasado 29 de mayo en medio del escándalo por interceptaciones ilegales, polígrafos y seguimientos a su exniñera, Marelbys Meza, después de la supuesta pérdida de 7.000 dólares.
Sarabia estuvo recientemente en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para rendir declaratoria por el supuesto ingreso opaco de 15.000 millones de pesos a la campaña de Petro. Estas acusaciones surgieron en medio de los audios revelados en una pelea de poder con el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.
En las grabaciones, se puede escuchar a Benedetti haciendo referencia a los recursos financieros y las acciones que llevaron a cabo durante la campaña política. Estos escándalos generaron una serie de cuestionamientos sobre la gestión y la transparencia del Gobierno de Gustavo Petro, así como una mayor presión por parte de la opinión pública y la justicia para esclarecer cualquier irregularidad.
Renuncia de María Isabel Urrutia
María Isabel Urrutia, la reconocida medallista olímpica y exministra de Deporte, salió de la cartera por la puerta de atrás, luego de que el presidente Petro le pidiera la renuncia debido a una serie de acciones que aún son investigadas.
En la última semana en el cargo, Urrutia se dedicó a firmar 104 contratos en tiempo récord, lo que llamó la atención tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
Estos contratos, que originalmente tenían una vigencia de cuatro meses, fueron extendidos por Urrutia de manera irregular, sin esperar a que su sucesor en el cargo tomara las decisiones correspondientes.
La situación dejó en evidencia una aparente intención de dejar atornillados a “los recomendados” y personas cercanas a sus funcionarios.
La rápida firma de estos contratos generaron sospechas sobre posibles actos de corrupción y nepotismo dentro del Ministerio. La Fiscalía inició una investigación para esclarecer cualquier posible irregularidad en estas acciones.
"El salario mínimo no se baja y nadie tiene que devolver un solo peso": Gobierno nacional
El salario mínimo se mantiene en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para quienes tienen derecho a recibirlo.
Las demandas ante el Consejo de Estado no implican una reducción salarial ni obligan a devolver los recursos recibidos
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Por: Oficina de prensa del ministerio del trabajo. tolima7dias.com.co
El Ministerio del Trabajo envía un mensaje de tranquilidad a millones de colombianos: el salario mínimo de 2026 continúa vigente, no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver dinero por las demandas que actualmente estudia el Consejo de Estado. La cartera laboral desmiente las versiones sobre una supuesta eliminación del incremento del 23% y reitera que los valores establecidos deben seguir aplicándose conforme a la normativa vigente.
El Ministerio precisa que el salario mínimo mensual continúa en $1.750.905, más $249.095 de auxilio de transporte, para un total de $2.000.000 mensuales para quienes tienen derecho a este beneficio. Asimismo, aclara que la existencia de demandas judiciales no modifica por sí misma las obligaciones salariales ni genera la devolución de los recursos recibidos. La decisión sobre la legalidad del decreto corresponde exclusivamente al Consejo de Estado, cuya independencia y competencia son plenamente respetadas por esta cartera.
"A los colombianos les decimos con absoluta claridad: el salario mínimo sigue vigente y nadie tiene que devolver un solo peso por las demandas en curso. No vamos a permitir que la desinformación juegue con la tranquilidad de millones de familias. Desde el Ministerio del Trabajo actuamos con responsabilidad, respetamos la justicia y mantenemos nuestro compromiso con la protección de los ingresos y los derechos laborales", afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.
El Ministerio del Trabajo reitera que los derechos laborales se respetan, los salarios se pagan conforme a la ley y la tranquilidad de las familias colombianas no puede estar sujeta a rumores ni desinformación. La entidad continuará vigilando el cumplimiento de las disposiciones vigentes y brindando orientación a través de sus direcciones territoriales y canales oficiales. El mensaje es claro: el salario mínimo sigue vigente, los recursos recibidos no deben devolverse por las demandas en curso y los colombianos pueden confiar en que el Ministerio actuará con transparencia, responsabilidad y firmeza en la protección de sus derechos.
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