A la cárcel presunto responsable de reclutar menores de edad para grupos armados ilegales. Las víctimas serían dos jóvenes, de 13 y 17 años. Una denuncia evitó que las adolescentes fueran entregadas a grupos armados ilegales que delinquen en Caquetá.
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Por: Oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Tolima7dias.com.co
Cristian Camilo Serna Hurtado fue judicializado por un fiscal de la Seccional Tolima debido a su aparente responsabilidad en el delito de reclutamiento ilícito, del cual habrían sido víctimas dos menores, de 13 y 17 años, en hechos ocurridos entre el 16 y 27 de agosto.
Según la investigación, el procesado habría contactado a las víctimas a través de redes sociales. Con una de ellas inicialmente había establecido contacto durante las festividades que se cumplieron en el municipio tolimense de Roncesvalles. En reuniones posteriores, se presume que el hombre le propuso a la joven viajar a Caquetá, junto con otras menores, para que hicieran parte de un grupo armado ilegal.
La negativa de la joven motivó en su contra amenazas que terminaron por obligarla a aceptar el viaje. La menor fue recogida en el colegio por un motociclista, quien la llevó al municipio de San Antonio. Las órdenes acerca de cómo proceder, al parecer, eran dadas por el ahora detenido.
El 27 de agosto la víctima del reclutamiento fue obligada a cambiarse el uniforme del colegio, por ropa suministrada por el acompañante y así evadir el control de las autoridades. En la terminal local de Chaparral las dos personas se reunieron con Serna Hurtado, quien estaría con otra menor, que sería entregada a organizaciones criminales.
La denuncia realizada por la mamá de una de las menores permitió que el procesado fuera capturado por la Policía, con el apoyo del Ejército Nacional; logrando además recuperar a las dos adolescentes.
El investigado negó su responsabilidad frente a los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, y el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
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Corrupción electoral. La justicia ordenó la detención preventiva de William Escobar López, mientras la Gobernación del Tolima podría intervenir en la designación de su reemplazo temporal.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
El alcalde de Cunday, William Escobar López, deberá enfrentar su proceso judicial bajo una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, luego de que un juez de control de garantías acogiera la solicitud de la Fiscalía 34 Seccional Anticorrupción de Ibagué por presuntos hechos de corrupción electoral. La decisión, conocida el miércoles 28 de octubre, también abrió la posibilidad de un relevo temporal en la administración municipal.
La determinación se produjo tras la evaluación de los elementos presentados por el ente acusador, que sustentó la necesidad de imponer una medida privativa de la libertad al mandatario. El proceso está relacionado con presuntas irregularidades electorales que son objeto de investigación y cuya responsabilidad penal aún no ha sido establecida.
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La situación judicial del alcalde también puso sobre la mesa el futuro inmediato del gobierno municipal. Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se notificara a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, para adelantar las actuaciones correspondientes frente a una eventual designación temporal que permita mantener el funcionamiento de la administración de Cunday.
Por su parte, la defensa de Escobar López intentó evitar que se mantuviera la medida de reclusión, argumentando, entre otras circunstancias, la proximidad de las festividades tradicionales del municipio. Sin embargo, el juez mantuvo su determinación y los abogados del mandatario interpusieron un recurso de apelación para que un superior judicial revise lo resuelto.
La orden se conoce precisamente durante la temporada de ferias y fiestas de Cunday, circunstancia que coincide con un escenario de incertidumbre sobre quién asumirá las funciones del despacho municipal mientras se define la situación del alcalde.
Pese a la gravedad de la medida, Escobar López no ha sido condenado. La decisión corresponde a una detención preventiva y no constituye una sentencia que determine su culpabilidad. En consecuencia, conserva la presunción de inocencia y el derecho a controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso penal.
La apelación presentada por su defensa no suspende por sí sola el cumplimiento de la medida. Será el juez de segunda instancia quien determine si confirma, modifica o revoca la decisión que ordenó su reclusión.
Mientras avanza ese trámite, la atención se concentra tanto en el futuro judicial de William Escobar López como en las actuaciones que correspondan a la Gobernación del Tolima para resolver una eventual ausencia temporal del mandatario y garantizar la continuidad administrativa del municipio.
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