Un total de 275 personas señaladas de estar involucradas en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes fueron identificadas y judicializadas entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2026, como resultado de una estrategia investigativa adelantada por la Fiscalía General de la Nación en varias regiones del país.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Los procedimientos se concentraron principalmente en Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y Bogotá. Según la información conocida dentro de las investigaciones, una parte importante de los presuntos responsables pertenecía al entorno familiar, educativo o cercano de las víctimas.
Las actuaciones hicieron parte de los denominados “Meses de la Justicia para la Niñez”, periodo durante el cual fiscales seccionales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales, Caivas, y funcionarios de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes, UENNA, concentraron esfuerzos en casos relacionados con posibles vulneraciones a la libertad, integridad y formación sexual de menores.
De las 275 personas presentadas ante jueces de control de garantías, 258 recibieron medidas privativas de la libertad.
Entre los delitos imputados aparecen actos sexuales con menores de 14 años, acceso carnal con menores de esa edad, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años.
Profesores, familiares y personas cercanas, bajo investigación
Los expedientes conocidos durante los dos meses dejan en evidencia un factor común en varios procesos: los señalados agresores tenían algún grado de cercanía o confianza con las víctimas.
Uno de los casos ocurrió en Bogotá. Luis Alfonso Guzmán fue enviado a un centro carcelario por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos el 10 de agosto de 2026 contra un adolescente de 15 años en una fundación de la localidad de Ciudad Bolívar.
De acuerdo con la investigación, el hombre habría aprovechado su condición de profesor y la confianza que tenía con el adolescente para llevarlo hasta un apartamento. La Fiscalía le imputó el delito de acto sexual violento agravado.
En Soacha, Cundinamarca, otro hombre fue judicializado por presuntamente agredir sexualmente de manera reiterada a una prima entre 2015 y 2020. Los hechos habrían comenzado cuando la víctima tenía seis años.
El investigado fue vinculado por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, y recibió medida de aseguramiento.
Otro proceso conocido se presentó en Medellín, Antioquia. Un hombre fue llevado ante un juez por las presuntas agresiones sexuales, físicas y psicológicas contra su hijastra de siete años, ocurridas en agosto de 2025.
En este caso fueron imputados los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, ambos agravados.
Casos investigados durante años
En Cumaribo y Puerto Carreño, Vichada, las autoridades investigaron hechos ocurridos entre 2010 y 2025 que tendrían como víctimas a cuatro niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas.
Dos hombres fueron señalados de participar en las agresiones. Uno de ellos habría dejado embarazada en dos ocasiones a una víctima cuando tenía 13 años. Según el proceso, las niñas nacidas posteriormente también habrían sido víctimas de delitos sexuales.
Los procesados fueron imputados, de acuerdo con la posible participación individual establecida en cada expediente, por actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. Uno de ellos aceptó los cargos.
En Carurú, Vaupés, también fue judicializado José María Leite Barazana, docente de una institución educativa, señalado de presuntamente participar durante 2025 en abusos sexuales contra cuatro estudiantes menores de edad.
En su contra fue formulada imputación por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.
Los casos conocidos durante la estrategia investigativa muestran que varios de los hechos habrían ocurrido dentro de espacios que deberían representar confianza para los menores, incluidos hogares e instituciones educativas.
Las autoridades mantienen abiertos los procesos correspondientes para establecer responsabilidades individuales. Las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en firme.
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Una mujer identificada como Ilda María Parra Sierra fue judicializada por la Fiscalía General de la Nación, luego de ser señalada de agredir física y verbalmente a una agente de tránsito durante un procedimiento realizado el pasado 4 de septiembre en las afueras de una clínica de Ibagué.
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Según la información conocida del caso, la funcionaria se encontraba verificando la documentación de propietarios y motocicletas estacionadas en el sector, debido a que varios de estos vehículos estarían obstaculizando el ingreso de automotores que transportaban pacientes hacia el centro asistencial.
Durante el procedimiento se habría producido una confrontación en la que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Parra Sierra presuntamente golpeó a la agente en el rostro, el pecho y el brazo izquierdo, además de dirigirle insultos.
La agresión reportada dejó a la funcionaria con una incapacidad médico-legal de 15 días.
Tras las actuaciones adelantadas por un fiscal de la Seccional Tolima, a la investigada le fueron imputados los delitos de violencia contra servidor público y lesiones personales.
Durante la diligencia judicial, Ilda María Parra Sierra no aceptó los cargos formulados en su contra.
El proceso continuará bajo conocimiento de las autoridades judiciales, que deberán determinar la responsabilidad de la investigada frente a los hechos ocurridos en septiembre.
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