La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio, Tolima, José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación municipal, Miguel Andrés Capera Hernández, por presuntas irregularidades en un contrato de mínima cuantía para la adquisición de llantas destinadas a una motoniveladora, hechos ocurridos en marzo de 2024.
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De acuerdo con el ente acusador, un fiscal de la Seccional Tolima imputó a los dos funcionarios los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
En el mismo proceso fueron judicializados, en calidad de intervinientes, los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, quienes deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La investigación señala que el contrato fue suscrito por un valor superior a los 33 millones de pesos, pese a que la normativa vigente solo permitía una contratación de hasta 29.978.789 pesos bajo la modalidad de mínima cuantía. El proceso habría favorecido a un consorcio conformado por Durán Briñez y Zambrano Hernández.
Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, la propuesta comercial utilizada para justificar la contratación presentaba cotizaciones irregulares y un valor superior al de otras dos ofertas que sí se ajustaban a los precios reales del mercado. Dicho documento, presuntamente elaborado por el secretario de Planeación, habría sido entregado a los contratistas para su presentación.
Las autoridades también detectaron alteraciones en los valores consignados en las cotizaciones y anomalías en una de las firmas, la cual no correspondería al proponente que figura en el documento. Además, esa cotización no habría sido presentada directamente ante la Alcaldía de San Antonio.
La Fiscalía sostiene que el alcalde, responsable de realizar la invitación pública del proceso contractual, habría utilizado estas cotizaciones presuntamente adulteradas para adelantar el trámite, que culminó con la adjudicación del contrato al consorcio investigado.
En cuanto a los contratistas, Durán Briñez habría actuado como representante legal del consorcio, firmando los documentos precontractuales y contractuales, mientras que Zambrano Hernández fue señalado de aportar documentación relacionada con la supuesta experiencia del consorcio para suministrar los repuestos requeridos.
Ninguna de las personas judicializadas aceptó los cargos imputados.
El proceso continúa en etapa judicial mientras avanzan las actuaciones penales correspondientes.
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La inestabilidad del cerro Pitayó mantiene en vigilancia continua a las autoridades departamentales y a la comunidad de Villahermosa, luego de un deslizamiento de gran magnitud que obligó a reforzar medidas de monitoreo, asistencia humanitaria y evaluación técnica del terreno desde el pasado 4 de diciembre.
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De acuerdo con información oficial, se activó un sistema de seguimiento permanente en la zona, incluyendo la instalación de equipos de comunicación en el sector La Samaria, con el fin de mantener contacto directo entre los habitantes, el municipio y el centro de monitoreo del departamento, ante el riesgo de nuevos movimientos en masa.
En paralelo, se reportó la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas, entre ellas alimentos, elementos de aseo y tanques para almacenamiento de agua, como respuesta a las limitaciones derivadas de la emergencia. También se confirmó la solicitud de una prórroga ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para el Registro Único de Damnificados, debido a dificultades de conectividad en la zona, con el objetivo de evitar exclusiones en el censo oficial.
“La recomendación reiterada ha sido la evacuación preventiva hacia las zonas seguras previamente identificadas, teniendo en cuenta que el riesgo persiste”, señaló Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, al referirse a las acciones de seguimiento en el cerro Pitayó.
Aunque los informes técnicos más recientes indican una disminución en los ruidos asociados a desprendimientos y una aparente estabilización del terreno, se advirtió que la amenaza no ha desaparecido. Por esta razón, en los próximos días está prevista una inspección especializada con equipos de alta precisión, en articulación con la UNGRD, para analizar el comportamiento geológico del cerro.
Finalmente, se confirmó que este martes 4 de febrero se realizará un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, encabezado por la gobernadora Adriana Magaly Matiz, en el que se evaluarán nuevos escenarios y posibles decisiones frente a la atención de la emergencia en Villahermosa.
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