Ataques a gobernadora del Tolima generan rechazo institucional
La Secretaría de Inclusión Social del Tolima manifestó este martes su rechazo a los ataques dirigidos a la gobernadora Adriana Magali Matiz, especialmente en redes sociales, por su gestión en la autonomía presupuestal del departamento y otras regiones de Colombia.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Gynna Patricia Frías Fernández, titular de la Secretaría de Inclusión Social, señaló que cualquier forma de agresión, tanto física como verbal, es inadmisible en el marco del debate democrático. Según la funcionaria, las discusiones sobre inversión territorial deben centrarse en argumentos y no en ataques personales.
“La defensa de la inversión territorial es un asunto de interés público, orientado a la protección de recursos destinados a salud, educación y desarrollo social”, indicó Frías Fernández.
El gobierno departamental reafirmó su intención de mantener espacios de discusión abiertos y respetuosos, subrayando la necesidad de proteger el liderazgo de las mujeres en cargos de decisión.
Se instó a la ciudadanía y actores políticos a participar en debates públicos con respeto y a denunciar cualquier tipo de violencia contra servidores públicos.
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Pesca ilegal amenaza biodiversidad y economía ribereña en Honda
Autoridades locales reportaron la presencia de prácticas de pesca ilegal en el río Magdalena, que podrían afectar la reproducción de especies y la actividad económica de los pescadores artesanales de Honda. La situación habría sido detectada en zonas de paso entre ciénagas y sectores altos del río.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Según información de la administración municipal, se han identificado métodos de pesca prohibidos, incluidos artes conocidos como barredoras y ‘chinchorras’, que impiden el desplazamiento natural de los peces hacia sus áreas de desove. Estos métodos también podrían estar contribuyendo a la captura de ejemplares por debajo de la talla mínima legal.
El reporte indica que personas externas a la región, sin experiencia en prácticas sostenibles, se suman a la actividad, incrementando la presión sobre los recursos pesqueros. Esto genera preocupación por el impacto ambiental y económico en comunidades ribereñas que dependen de la pesca para su sustento histórico.
Se solicitó el apoyo de autoridades ambientales y de seguridad, como la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y la Policía, para fortalecer la vigilancia y aplicar los controles pertinentes.
La administración local instó a pescadores y ciudadanos a reportar actividades de pesca irregular para contribuir a la conservación de la fauna acuática y la sostenibilidad de la actividad económica.
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