Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá impuso este viernes medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. La decisión judicial se fundamenta en su presunta responsabilidad en el direccionamiento irregular de contratos públicos para obtener votos a favor de proyectos gubernamentales en el Congreso de la República.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, los exfuncionarios habrían instrumentalizado recursos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El ente acusador sostiene que Bonilla y Velasco coordinaron reuniones y emitieron directrices para asignar proyectos de inversión a congresistas específicos, asegurando así el respaldo legislativo a las reformas e iniciativas del Ejecutivo.
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Comunicado a la Opinión Pública
La investigación detalla tres fases de estas operaciones presuntamente ilícitas:
• Junio - Septiembre 2023: Se detectó la intervención indebida en 79 contratos (74 en Invías y 5 en UNGRD) por un valor de 612.237 millones de pesos. De estos, siete contratos fueron efectivamente direccionados.
• Septiembre - Diciembre 2023: Presunta mediación en tres contratos de la UNGRD para emergencias en Arauca, Córdoba y Bolívar, valorados en 86.619 millones de pesos. Aunque el direccionamiento no se concretó, la Fiscalía afirma que, a cambio, los congresistas aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento para el Gobierno.
• Noviembre 2023 - Marzo 2024: Intentos de entrega de un contrato de 35.000 millones de pesos en Sahagún (Córdoba) a personas afines a un senador de la Comisión Primera, trámite que no llegó a materializarse.
Cargos imputados
La Fiscalía imputó a Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves los delitos de:
1. Concierto para delinquir agravado.
2. Interés indebido en la celebración de contratos.
3. Cohecho por dar u ofrecer.
Pese a la contundencia de los argumentos expuestos por los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, ninguno de los dos exministros aceptó los cargos durante la audiencia.
La magistrada con funciones de control de garantías consideró necesaria la reclusión en centro carcelario mientras avanza el proceso, dada la gravedad de los hechos que involucran fondos destinados a la atención de emergencias y la infraestructura nacional.
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La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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