Un total de 21 empresas de Ibagué
Participaron durante el primer semestre de 2026 en la Macrorrueda Internacional Colombia, el País de la Belleza 2026, como parte de una serie de estrategias de formación y promoción comercial desarrolladas por la Alcaldía de Ibagué para fortalecer procesos de internacionalización. La participación dejó más de 800 citas de negocio con compradores nacionales e internacionales y expectativas comerciales que superan los $1.000 millones.
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De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Desarrollo Económico, las acciones incluyeron procesos de asistencia técnica, capacitación y espacios de promoción dirigidos a empresarios y emprendedores de distintos sectores productivos con el propósito de ampliar sus posibilidades de acceso a nuevos mercados.
Como parte de estas iniciativas, 18 empresas de los sectores de confecciones, café, joyería, artesanías, cosméticos y alimentos hicieron parte de la Ruta de Internacionalización. Durante el proceso recibieron formación en comercio exterior, logística, acceso a mercados, negociación internacional y formulación de planes exportadores, con miras a participar en futuras oportunidades comerciales fuera del país.
En paralelo, 12 empresas del sistema moda asistieron a EJE Moda 2026, donde participaron en ruedas de negocio, exhibiciones comerciales y espacios académicos especializados. Asimismo, 139 empresarios y emprendedores tomaron parte en Futurexpo 2026, un escenario enfocado en actualización sobre exportaciones, inteligencia artificial, logística, financiamiento y acceso a mercados internacionales.
Las actividades fueron desarrolladas en coordinación con ProColombia, la Gobernación del Tolima, la Cámara de Comercio de Ibagué y otros aliados que participaron en la ejecución de las estrategias.
"Nuestro compromiso es seguir generando oportunidades para que las empresas ibaguereñas crezcan, sean más competitivas y encuentren nuevos mercados para sus productos. Por eso impulsamos estrategias que les permiten fortalecer sus conocimientos, participar en escenarios comerciales de alto impacto y establecer contactos con potenciales compradores", afirmó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.
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Los empleadores en Colombia podrían tener la oportunidad de corregir determinados incumplimientos laborales antes de enfrentarse a una sanción administrativa. Así lo establece la Circular 110, expedida el 7 de octubre por el Ministerio del Trabajo, con la que se unifican los criterios de actuación de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social en todo el país.
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La disposición, anunciada durante el Día Internacional del Trabajo Decente, busca que las autoridades laborales prioricen la corrección de irregularidades y el cumplimiento efectivo de las obligaciones con los trabajadores, siempre que las circunstancias y la legislación permitan aplicar medidas preventivas.
Sin embargo, la posibilidad de recibir una advertencia no significa que las empresas queden exentas de sanciones. La circular establece condiciones para que los inspectores determinen cuándo procede orientar al empleador y conceder un plazo para subsanar las irregularidades antes de iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio.
Uno de los aspectos centrales de la medida está relacionado con el reconocimiento y pago de obligaciones laborales pendientes. Bajo este enfoque, la intervención de los inspectores deberá procurar que los trabajadores reciban los pagos que les correspondan, sin limitar la actuación de las autoridades a la imposición de multas.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, explicó que las sanciones económicas no necesariamente resuelven las afectaciones a los empleados.
"Una multa, por sí sola, no garantiza que un trabajador reciba lo que le corresponde", señaló la funcionaria al referirse al propósito de la nueva disposición.
La Circular 110 se fundamenta en los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contemplan funciones de inspección y mecanismos de orientación para garantizar el cumplimiento de las normas laborales.
De acuerdo con el documento, la facultad de advertir y aconsejar deberá ejercerse mediante decisiones motivadas, criterios uniformes y respeto por las garantías legales. Su aplicación dependerá de las características de cada caso y no constituirá una autorización general para incumplir las obligaciones laborales.
La medida tampoco podrá utilizarse en todas las investigaciones. El Ministerio precisó que existen restricciones para los casos relacionados con conductas penalizadas por la ley y las actuaciones asumidas mediante poder preferente.
El lineamiento fue desarrollado desde el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección y la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Además, aclara que la circular no crea nuevas infracciones ni modifica las sanciones previstas en la legislación vigente.
Con estas disposiciones, los inspectores laborales contarán con parámetros comunes para determinar cuándo corresponde realizar una intervención preventiva y cuándo resulta necesario acudir al procedimiento sancionatorio.
En consecuencia, la aplicación de advertencias dependerá de las condiciones legales de cada situación, mientras que las obligaciones de los empleadores y los derechos de los trabajadores continúan siendo exigibles.
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