El próximo 31 de enero de 2026 vence el plazo para que empresas con operaciones en Ibagué soliciten exenciones tributarias en los impuestos Predial e Industria y Comercio (ICA), beneficios condicionados a la generación de empleo y a la construcción o apertura de nuevas sedes en la ciudad.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Las medidas están dirigidas a empresas comerciales, industriales y agroindustriales que se hayan establecido en Ibagué desde el 1 de enero de 2025, así como a compañías ya existentes que durante ese año hayan abierto sucursales o nuevas instalaciones, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo 018 de 2024.
En el caso del impuesto Predial, las exoneraciones aplican a edificaciones con áreas desde 2.000 metros cuadrados hasta más de 8.000 metros cuadrados. Para el ICA, los beneficios dependen del número de empleos generados, que puede ir desde dos hasta más de cien puestos de trabajo.
Las solicitudes deben ser radicadas en la Secretaría de Hacienda de Ibagué, ubicada en la carrera Segunda No. 13-38, dentro de los horarios establecidos de atención al público.
Tras la radicación, las empresas serán notificadas sobre la aceptación o no de su solicitud antes del 31 de marzo de 2026, fecha que también corresponde al límite para pagar el impuesto Predial con un descuento del 15% y para presentar la declaración del impuesto de Industria y Comercio correspondiente a la vigencia 2025.
Exoneraciones en el impuesto de Industria y Comercio
Las exenciones en el ICA pueden otorgarse por hasta 10 años, con beneficios que alcanzan el 100%, según la cantidad de empleos creados.
Por ejemplo, empresas que generen entre 2 y 9 empleos pueden acceder a una exoneración del 100% durante el primer año, del 60% en el segundo y tercer año, y del 50% en el cuarto y quinto año.
Beneficios en el impuesto Predial
Las empresas que hayan construido o ampliado instalaciones en la ciudad pueden acceder a exoneraciones que oscilan entre el 40% y el 80%, dependiendo del área construida.
Para edificaciones que superen los 8.001 metros cuadrados, el beneficio puede extenderse por 10 años, con una exoneración del 80% durante los primeros cinco años y del 60% durante los cinco años siguientes.
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Las denuncias por violencia política en el Tolima continúan en aumento en pleno desarrollo de la campaña electoral, según lo expuesto durante la tercera sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral departamental, en la que se abordaron riesgos de seguridad, tensiones en escrutinios pasados y fallas en el control institucional, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE).
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Durante la reunión, uno de los principales puntos fue la adopción de un protocolo orientado a prevenir hechos de violencia política, así como la revisión de inquietudes planteadas por autoridades locales y delegados de comisiones electorales municipales.
El coordinador de la MOE en el Tolima, Cristian Camilo Gutiérrez, señaló que se acordó reforzar la presencia institucional en los 47 comités electorales municipales del departamento, especialmente durante los escrutinios. Según explicó, la Registraduría del Estado Civil ratificó la conformación de comisiones municipales y de puesto, medida que busca reducir riesgos y evitar episodios como los ocurridos en procesos anteriores.
“Estos anuncios apuntan a disminuir tensiones registradas en municipios donde ya se han presentado conflictos durante los escrutinios”, indicó el vocero, al recordar antecedentes como la quema de material electoral en Palocabildo y situaciones similares en Planadas y Villahermosa durante las elecciones de 2023.
La MOE advirtió que, a medida que avanza la campaña, se ha identificado un incremento sostenido de hechos asociados a violencia política en el departamento. Por esta razón, se prevé la realización de un Comité Departamental Ampliado con la participación de alcaldes y candidatos al Congreso, cuya fecha aún no ha sido definida.
“Estamos registrando amenazas contra candidatos, amedrentamientos a la población civil y otros hechos que no pueden ser minimizados”, afirmó Gutiérrez. También recordó la Alerta Temprana 013 emitida por la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre prácticas de control social como la carnetización en varios municipios del Tolima.
El coordinador señaló que la presencia de grupos armados ilegales en el territorio ha sido reconocida por las autoridades departamentales y por la ciudadanía. Según los registros de la MOE, el 72,3 % de los casos de violencia política afecta a hombres, aunque subrayó la necesidad de fortalecer las medidas de prevención dirigidas a las mujeres que participan en el proceso electoral.
En el cierre de su intervención, la MOE cuestionó la falta de acceso a información clave para la vigilancia electoral. “A la fecha no se han entregado los reportes de inscripción de cédulas con corte al cierre del proceso, el pasado 8 de enero”, indicó. Asimismo, expresó preocupación por la ausencia de controles visibles frente al incumplimiento del decreto que regula la publicidad política en Ibagué.
La situación expuesta refuerza las alertas sobre el desarrollo del proceso electoral en el Tolima y la necesidad de seguimiento permanente ante los riesgos identificados.
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