Expertos advierten fallas estructurales en la educación del Tolima
Especialistas de cinco países alertaron sobre los factores que están afectando la calidad educativa en el Tolima, durante el cierre del Congreso Internacional de Educación realizado en la Universidad del Tolima. El evento, que se extendió por tres días en Ibagué, reunió a expertos de Chile, Perú, México y Colombia para analizar las barreras que enfrentan niños, niñas y adolescentes en su proceso de aprendizaje y discutir posibles acciones de mejora.
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En la clausura del congreso, el secretario de Educación del Tolima, Andrés Felipe Bedoya, reconoció que existen deficiencias que requieren intervención. “Hay falencias notorias y para superarlas hay que convocar, trabajar y definir acciones a seguir de la mano con los que conocen el tema directamente en el territorio”, afirmó. Añadió que el modelo de calidad educativa exige articular esfuerzos con quienes tienen experiencia directa en las aulas.
Entre las intervenciones internacionales, Juan Carlos Navarrete Álvarez, experto chileno y desarrollador del Proyecto Educativo Innovador de la Escuela Karol Cardenal de Cracovia en Santiago de Chile, presentó un modelo de gobierno escolar que incluye presidente, ministros y presupuesto propio, diseñado —según explicó— desde la perspectiva de los estudiantes.
“El mundo de los niños fue construido por los adultos. No es extraño encontrar niños aburridos o que no quieren ir a la escuela”, señaló Navarrete al referirse a los desafíos actuales del sistema educativo.
Durante el congreso se coincidió en que el deterioro de la calidad educativa responde a múltiples factores y que su superación exige revisar prácticas pedagógicas, modelos de gestión escolar y el papel de los adultos en la formación de los estudiantes.
El encuentro concluyó el sábado anterior con un llamado a revisar de manera integral las políticas y estrategias que inciden en el aprendizaje en el departamento.
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A prisión presuntos expendedores vinculados a red criminal en El Espinal
Dos hombres señalados de participar en actividades de tráfico local de estupefacientes en El Espinal fueron enviados a prisión por orden de un juez de control de garantías, tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación. Las capturas se produjeron durante allanamientos realizados por la Policía Nacional en varios sectores urbanos del municipio.
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Los procesados fueron identificados como Ismael Eduardo Acosta González, conocido con el alias de “Pico de Loro”, y Jhonatan Javier Barrero Páez, alias “Yoyo”. De acuerdo con la investigación, ambos serían responsables de almacenar y comercializar sustancias ilícitas en los barrios La Esperanza, Santa Margarita María y Libertador.
Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó, según su presunta participación individual, los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Barrero Páez aceptó uno de los cargos formulados por el ente acusador.
Las capturas ocurrieron durante cuatro diligencias de allanamiento y registro ejecutadas en el casco urbano de El Espinal. Según las autoridades, los dos hombres fueron sorprendidos en flagrancia mientras se desarrollaban los operativos.
Durante los procedimientos fueron incautadas municiones calibre 38 y 9 milímetros, un arma traumática con sus respectivos cartuchos, cerca de 1.300 dosis de marihuana y bazuco, tres teléfonos celulares y bolsas plásticas que, al parecer, eran utilizadas para la dosificación y distribución de los estupefacientes.
Uno de los capturados, Ismael Eduardo Acosta González, conocido en la región por el alias de “Pico de Loro” y señalado por algunos habitantes como “el brujo”, ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con hechos criminales ocurridos en el sur del Tolima. Sin embargo, las autoridades no informaron en esta actuación judicial sobre imputaciones vinculadas al homicidio de las hermanas del Guamo.
El proceso judicial continuará mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer el alcance de las actividades ilícitas que se les atribuyen.
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