La Fiscalía General de la Nación solicitó ante el Tribunal Superior de Bogotá una audiencia de imputación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por presunto prevaricato por acción, tras su participación en decisiones adoptadas durante el proceso de licitación para el suministro y distribución de pasaportes, medidas que según el ente investigador habrían sido contrarias a la ley.
La petición del ente acusador busca imputar a Leyva por concurso homogéneo del delito de prevaricato por acción. De acuerdo con el expediente, el exministro habría firmado varios actos administrativos que no se ajustaban al marco jurídico vigente durante el proceso contractual relacionado con pasaportes y etiquetas de visa.
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Esta nueva actuación judicial se suma a los antecedentes disciplinarios que enfrenta el exfuncionario. En noviembre de 2024, la Procuraduría General confirmó una sanción de destitución e inhabilidad por 10 años, al concluir que la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes en 2023 desconoció los principios rectores de la contratación pública. Según ese fallo, la medida “careció de fundamento legal” y no garantizó un proceso de selección objetivo.
El Ministerio Público también señaló que el único proponente, la empresa Thomas Greg & Sons, cumplía con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. No obstante, la licitación fue declarada fallida, situación que produjo retrasos en la expedición de pasaportes y expuso fallas de planeación en el procedimiento.
El Tribunal Superior de Bogotá deberá fijar fecha para la audiencia de imputación, en la que Leyva podrá responder ante la justicia penal por los señalamientos en su contra.
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Catorce familias de la comunidad indígena Emberá, entre ellas 22 niños, permanecen desde hace cerca de un mes en el CAM de La Pola, en Ibagué, viviendo en condiciones precarias mientras esperan una respuesta de las autoridades para retornar a su territorio ancestral en el departamento del Chocó.
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El asentamiento está conformado por cambuches improvisados y fogones de leña, sin condiciones adecuadas de abrigo ni permanencia. En el lugar permanecen mujeres, niños y adultos mayores expuestos a la intemperie, a la espera de una solución institucional que defina su situación.
Según la comunidad, su presencia en este punto de la ciudad responde a la ausencia de acciones concretas por parte de las entidades competentes, pese a las solicitudes realizadas durante varias semanas. La situación ha sido puesta en conocimiento de la administración municipal, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas.
Luis Ángel Pitucay, líder de la comunidad Emberá, aseguró que el objetivo principal es el retorno a su territorio de origen. “Estamos esperando que nos trasladen a nuestra tierra en el Chocó. Llevamos casi un mes aquí y no hemos tenido una respuesta clara”, afirmó.
Mientras tanto, las familias continúan en el lugar sin una ruta definida que garantice condiciones dignas ni una fecha concreta para su traslado. La permanencia prolongada en este espacio ha generado preocupación por el bienestar de los menores y de los adultos mayores que integran el grupo.
Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades locales y de la Secretaría de Desarrollo Social para conocer qué medidas se adoptarán frente a esta situación y cuál será el procedimiento para el retorno de las familias Emberá a su territorio ancestral.
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