Gobernadora advierte que delincuencia no puede aprovechar emergencia en Rovira
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, advirtió que las denuncias de boleteo, extorsiones y presunta carnetización en zonas rurales de Rovira serán atendidas en medio de la emergencia ambiental provocada por los incendios y la situación derivada del terremoto. La declaración se produjo al término de un Consejo de Seguridad realizado en el municipio, donde participaron autoridades regionales y locales.
Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co
Durante la reunión se analizaron las denuncias realizadas por comunidades campesinas sobre presiones y cobros extorsivos, así como la supuesta identificación o carnetización de habitantes de algunas zonas rurales. El objetivo del encuentro fue establecer acciones de seguridad frente a estos hechos y evitar que la emergencia sea utilizada para generar nuevos problemas de orden público.
“No voy a permitir que en esta emergencia ambiental por incendios y por el terremoto, los delincuentes generen una emergencia de orden público. Eso es inhumano y rastrero. No se van a aprovechar de esta crítica situación”, afirmó Matiz.
Por su parte, el alcalde de Rovira, Víctor Alfonso Gualtero Gómez, señaló que durante el Consejo de Seguridad se revisaron las medidas que serán implementadas para hacer frente a las denuncias de boleteo, extorsiones y carnetización reportadas por habitantes del sector rural.
Las autoridades deberán avanzar en la verificación de las denuncias y en las acciones de seguridad correspondientes, mientras el municipio continúa afrontando las afectaciones asociadas a la emergencia ambiental y al reciente movimiento sísmico.
Las conclusiones del Consejo de Seguridad serán divulgadas a través de los registros audiovisuales realizados durante la jornada.
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Incendios forestales podrían generar hasta 20 años de prisión
Provocar de manera intencional un incendio forestal puede derivar en sanciones penales y económicas en Colombia, según lo establecido en el artículo 350 del Código Penal, que contempla penas de prisión de hasta 20 años y multas de hasta 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de las circunstancias del caso.
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La advertencia cobra relevancia durante la temporada de mayor riesgo de incendios, cuando una quema que se salga de control puede afectar áreas de vegetación, ecosistemas y comunidades cercanas.
El artículo 350 del Código Penal establece sanciones para quienes provoquen incendios que representen un riesgo o afecten recursos naturales. Las consecuencias pueden incluir una condena de hasta 20 años de prisión y multas que alcanzan los 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las autoridades recuerdan que las quemas y otras actividades que puedan generar fuego en zonas rurales requieren especial precaución, debido a la posibilidad de que las llamas se propaguen y ocasionen una emergencia.
Además de las consecuencias ambientales y materiales, la responsabilidad penal puede recaer sobre quienes, por acción u omisión, ocasionen un incendio cuando se configuren las conductas contempladas por la legislación colombiana.
Ante cualquier incendio forestal o situación que represente riesgo de propagación del fuego, se recomienda informar oportunamente a los organismos de emergencia de la zona.
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