Plantean mantener el paro sin afectar la movilidad, mientras avanza la mesa técnica con el Gobierno Nacional.
En el marco de la Mesa Nacional de Arroceros, los gobernadores de los departamentos más impactados por el paro del sector arrocero Tolima, Meta, Casanare, Huila y Sucre propusieron levantar los bloqueos viales que se mantienen desde la semana pasada, con el fin de evitar mayores afectaciones económicas en las regiones.
Durante la sesión, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, asumió la vocería del grupo de mandatarios y planteó que, mientras se adelantan las mesas técnicas de negociación con el Gobierno Nacional, el paro continúe sin bloqueos de vías.
“La solicitud que hemos hecho los gobernadores es que, mientras se lleven a cabo estas mesas técnicas que se están desarrollando en este momento, se levanten los bloqueos de las diferentes vías que tenemos en el país y que, por supuesto, el paro continúe, pero sin el bloqueo de las vías”, expresó Matiz.
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Comunicado a la Opinión Pública
En el encuentro se discutieron dos temas clave que actualmente son objeto de análisis: el precio del grano y la expedición de una resolución por parte del Ministerio de Agricultura. Según lo expuesto por los mandatarios, la fórmula para definir el precio del arroz es uno de los puntos centrales de la negociación.
Otro tema abordado fue el contrabando de arroz, una problemática señalada por productores de varias regiones. Ante esto, los gobernadores solicitaron al Gobierno Nacional la creación de una unidad especial que articule acciones entre el Ministerio de Comercio, la DIAN y la Policía Nacional para frenar este fenómeno.
“El pedido y la solicitud es que se cree una unidad especial entre el Ministerio de Comercio, la DIAN y la Policía Nacional, que combatan el contrabando de arroz que hoy tenemos en el país”, agregó la gobernadora del Tolima.
Finalmente, Matiz indicó que, para llegar a un posible acuerdo entre productores y Gobierno Nacional, es necesario revisar todos estos puntos, permitiendo la expedición de la resolución.
“Si se expide la resolución que entra a ser una libertad, o a regular mejor la libertad de precios, sin duda alguna ahí podemos decir que se puede estar hablando de levantar el paro, según lo hablado en la mesa”, concluyó la gobernadora Matiz.
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La Personería de Ibagué realizó una jornada de verificación en el asentamiento Villa Resistencia para contrastar la información recopilada sobre las familias que habitan el sector. La actividad se desarrolló como parte de las funciones de vigilancia del Ministerio Público y buscó establecer si los datos utilizados en procesos administrativos reflejan la situación real de la comunidad.
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Durante la visita, encabezada por el personero municipal, Educardo Espinosa, funcionarios recorrieron el asentamiento y sostuvieron encuentros con residentes para revisar aspectos relacionados con la composición de los hogares, condiciones sociales y características de la población asentada en la zona.
Según informó la Personería, la revisión incluyó la identificación de personas que hacen parte de grupos con protección constitucional especial, entre ellos víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y población migrante.
“Estamos verificando que la información recopilada refleje la realidad de las familias que habitan este sector, con el fin de velar por la garantía de sus derechos y porque cualquier actuación administrativa se adelante respetando el debido proceso y las garantías constitucionales”, señaló el personero municipal, Educardo Espinosa.
La jornada tuvo como propósito contrastar los registros obtenidos dentro de actuaciones administrativas relacionadas con el asentamiento y establecer si estos corresponden a las condiciones actuales de quienes residen en el lugar.
Villa Resistencia ha sido objeto de diferentes actuaciones institucionales debido a las condiciones de ocupación del terreno y a la situación social de las familias que permanecen allí. En ese contexto, la Personería indicó que continuará realizando seguimiento a los procesos que involucren a la comunidad y mantendrá labores de vigilancia sobre el respeto de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales.
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