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Golpe millonario a minería ilegal en Tolima salpica a disidencias de las Farc

Foto: suministrada a Tolima7Días
12 de Nov, 2026

Seis excavadoras y dos motores industriales fueron destruidos durante un operativo contra la extracción ilegal de oro en sectores cercanos al río Saldaña, entre Chaparral y Coyaima.

 

Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co

 

Una operación contra la minería ilegal en los municipios de Chaparral y Coyaima, Tolima, dejó seis excavadoras y dos motores industriales destruidos. Según la Policía Nacional, la maquinaria era utilizada para extraer oro del río Saldaña y estaría vinculada a una actividad económica de la que obtenía recursos el Frente Gerónimo Galeano, estructura alineada al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

El procedimiento, denominado Operación Pijaos XI, se desarrolló en los sectores de Tuluní, El Palmar y Meche, donde las autoridades localizaron tres unidades de producción minera que presuntamente operaban al margen de la ley.

En la intervención participaron integrantes del Departamento de Policía Tolima y de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en coordinación con la Fuerza Aérea.

De acuerdo con los cálculos entregados por las autoridades, los equipos tenían capacidad para extraer aproximadamente 3.675 gramos de oro al mes, una producción que alcanzaría un valor de $1.543 millones en el mercado ilegal.

La destrucción de las ocho máquinas representa, según las estimaciones oficiales, una afectación económica de $3.070 millones, correspondiente al valor de la infraestructura y los equipos utilizados para sostener las actividades de extracción.

Sin embargo, el impacto no se limitaría a la pérdida de maquinaria. La Policía sostiene que el Frente Gerónimo Galeano recibía cerca del 15 % de los ingresos derivados de esta explotación, lo que equivaldría a aproximadamente $231 millones mensuales.

Esta información apunta a una presunta fuente de financiación de la estructura armada ilegal en el sur del Tolima, aunque las autoridades no precisaron si durante el procedimiento se efectuaron capturas o se identificó a los responsables directos de operar los equipos.

A las posibles implicaciones económicas se suma el deterioro ambiental asociado a la explotación minera no autorizada. El uso de maquinaria pesada y de sustancias como el mercurio puede alterar los suelos, afectar los ecosistemas acuáticos y comprometer la calidad del agua del río Saldaña.

La intervención también pone de relieve la presencia de actividades extractivas ilegales en esta zona del departamento, donde los recursos provenientes del oro representarían una fuente de ingresos para organizaciones armadas.

Finalmente, la Policía Nacional informó que mantendrá los operativos contra la explotación ilícita de yacimientos mineros y las estructuras que obtienen beneficios económicos de esta actividad.

Hasta el momento, no se han divulgado resultados técnicos que permitan establecer la magnitud específica del daño ambiental en los tres puntos intervenidos.

 

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Tres personas que se hacían pasar por disidentes de las FARC terminaron capturadas

vídeo: coronel Ferney Martín Romero Comandante Departamento de Policía Tolima
12 de Nov, 2026

Los sospechosos, procedentes de Bogotá, habrían utilizado panfletos y amenazas para exigir dinero a comerciantes del sur del Tolima.

 

Por: Editor Región, Tolima7dias.com.co

 

Lo que habría comenzado con la entrega de panfletos intimidatorios y llamadas amenazantes a comerciantes de San Antonio, en el sur del Tolima, terminó con la captura de tres personas, entre ellas una mujer, señaladas de hacerse pasar por integrantes de las disidencias de las FARC para exigir dinero. El operativo fue adelantado por la Policía Nacional, con apoyo de organismos de investigación y unidades militares, después de recibir información de la comunidad sobre los movimientos de los sospechosos.

Según el reporte de las autoridades, los presuntos extorsionistas se movilizaban en un vehículo de gama media por diferentes sectores del municipio, donde aparentemente fotografiaban establecimientos comerciales y contactaban a sus propietarios para exigirles pagos económicos.

Las investigaciones preliminares indican que, días antes de las capturas, los implicados habrían distribuido volantes y citaciones dirigidas a comerciantes, a quienes convocaban a una supuesta reunión en una vereda de la localidad. Para generar temor, presuntamente utilizaban el nombre de un grupo armado ilegal.

Quienes no acudían a estos encuentros habrían recibido llamadas telefónicas posteriores, mediante las cuales los sospechosos aumentaban las presiones para conseguir el dinero exigido.

La alerta ciudadana permitió establecer las características del vehículo y de sus ocupantes. Con esta información, uniformados de la Estación de Policía de San Antonio, junto con personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el GAULA Militar, desplegaron un operativo de cierre de vías para localizar a los señalados.

Hacia las 6:40 de la tarde, el automóvil fue interceptado en el barrio El Tesoro, donde las autoridades efectuaron las tres capturas en flagrancia.

Durante la inspección del vehículo fueron encontrados diez panfletos y una bandera con símbolos alusivos a un grupo armado organizado residual. Estos elementos fueron incorporados al procedimiento judicial. Además, algunas de las personas que habrían sido víctimas de las amenazas reconocieron a los detenidos.

Otro de los aspectos revelados por las autoridades es que los tres capturados serían residentes de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, desde donde presuntamente se habrían desplazado hasta territorio tolimense.

La revisión de sus antecedentes permitió establecer que la mujer registra anotaciones judiciales por concierto para delinquir y receptación, mientras que los otros dos involucrados presentan registros por estafa. Estas anotaciones no constituyen, por sí mismas, condenas penales.

Tras el procedimiento, los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de extorsión. Posteriormente, durante audiencias realizadas de manera virtual, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario y carcelario.

El coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, informó sobre el procedimiento y destacó la importancia de las denuncias ciudadanas para identificar posibles casos de extorsión. Asimismo, reiteró el llamado a los comerciantes para que no entreguen dinero ante amenazas de personas que aseguren pertenecer a organizaciones armadas ilegales.

Las autoridades recordaron que cualquier intento de extorsión puede denunciarse a través de la línea gratuita 165 del GAULA o ante la patrulla de Policía más cercana, bajo reserva de la información suministrada.

Los tres implicados permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. La responsabilidad penal de cada uno deberá establecerse mediante las decisiones de la justicia.

 

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